El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma ha declarado "nulo de pleno derecho" el convenio urbanístico que el anterior alcalde de Maó y actual senador por Menorca, Arturo Bagur, firmó en 2006 con Vertix Procam, la promotora de los terrenos que ocupaba la empresa CATISA, una parcela de 5.000 metros cuadrados. El convenio fue ratificado en el último pleno municipal antes de las elecciones de 2007 con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE, PSM y EM) y en contra del PP. Los populares recurrieron ante los tribunales dicho acuerdo al considerar que era un atropello contra el interés general y ayer dieron a conocer públicamente la sentencia que ya es firme.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Manuel Lafuente, afirmó que su grupo advirtió en su día que la operación de Bagur era "un pelotazo urbanístico". Ahora, aseguró, la justicia ha terminado por dar la razón al PP, cuyos dirigentes fueron tachados de mentirosos por el actual alcalde Vicenç Tur, cuando en su calidad de concejal de Urbanismo defendió en 2007 la operación de su mentor político. El convenio permitía a la promotora, a través de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aumentar la edificabilidad; construir 96 viviendas con vistas al mar en la calle Madrid, a cambio de levantar un centro de ocio y una escoleta junto a la calle Bellavista.
No existe interés general
En la sentencia el juez Francisco Úbeda Tarajano argumenta que el convenio era "muy beneficioso para la sociedad promotora" que vio incrementada la edificabilidad y altura y que no era conforme al interés general. "La motivación brilla por su ausencia", asevera e insiste en que "supone un claro beneficio patrimonial para la promotora". Afirma que se trata de un acuerdo "huérfano de un estudio técnico" (el que se presentó fue realizado por el director del área de servicio de Urbanismo, un cargo de confianza) y además "no se justifica cuál es el interés público ya que no puede concluirse ninguna mejora para el equipamiento público mientras que para la propiedad privada todo son beneficios". La sentencia aclara que el PGOU preveía en esta zona un máximo de 21 viviendas, mientras que con el convenio se elevaban a 96.
"Un chanchullo grande"
Al respecto, Juan Manuel Lafuente explicó que según un perito judicial, gracias a este convenio la promotora elevaba el techo de edificabilidad de la parcela en 1.846 metros cuadrados más, que sumaba a los 20.000 que ya disponía. El portavoz popular señaló que en el mercado inmobiliario la sociedad habría facturado 5,3 millones de euros con un beneficio neto de 1,4 millones. "Esto es un chanchullo grande", "el timo de la estampita" espetó, al tiempo que aclaró que al declararse nulo el convenio, la promotora no tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento.
Los populares critican que el equipo de gobierno argumentó en su día la urgencia de la modificación puntual del PGOU para permitir la operación con la excusa de la necesidad de construir en la zona una escoleta. Sin embargo, meses más tarde, durante la revisión del mismo planeamiento urbano, el gobierno local decidió ubicar dicho centro educativo en la calle Santa Eulàlia y además aún no ha sido construido. "Esta táctica es habitual, disfrazar como un supuesto beneficio para la comunidad lo que en realidad es un beneficio para un particular y un apoyo político al PSOE, algo tendrán a cambio de esta actitud", insinuó Lafuente, quien añadió que "creo que PSM y EM fueron engañados, pero desde que tienen dedicación exclusiva son más fáciles de engañar". La conclusión para los populares es que ni Tur, ni la teniente de alcalde, Gari Petrus, son de fiar.