Una aerolínea radicada en Balears, la revisión de la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) entre las Islas, el traspaso directo a la Comunidad Autónoma del dinero que destina el Estado a las bonificaciones por residente en los vuelos, para dedicarlo a atraer a nuevas compañías, y la reivindicada tarifa única social en los trayectos aéreos en el Archipiélago, en su día fijada en 27,5 euros por el Govern y que nunca vio la luz.
Son algunas de las propuestas que a lo largo de los años se han planteado como posible solución al problema de los elevados precios y la escasez de frecuencias en el transporte aéreo, especialmente palpables en los meses de invierno y, por parte de los menorquines, cuando la necesidad o la obligación –ya sea por motivos sanitarios, laborales o familiares-, impiden planificar la salida de la Isla con tiempo suficiente para acogerse a una tarifa reducida.
En esos casos la insularidad pasa de ser un concepto o un sentimiento para convertirse en una realidad poco agradable, en algunos casos insuperable, como se ha demostrado este verano al negarse las agencias de viajes a adelantar el coste de los billetes sanitarios. Una medida que ha puesto contra las cuerdas a enfermos que debían acudir al hospital de referencia de Son Espases para seguir tratamientos médicos. En algunos casos, las dificultades económicas han obligado a menorquines a dejar la salud a un lado, por no poder comprar el billete.
Si los isleños han llegado a esta situación acuciante no es porque no haya existido una constante queja ciudadana -convertida en la última década en movimientos con amplio eco en los medios de comunicación-, y una reivindicación social de mejoras en el transporte; sino más bien por la incapacidad política, sin distinción de partidos, de arrancar de Madrid el mismo trato que reciben el resto de los ciudadanos españoles en cuanto al derecho a la movilidad. Se han formulado promesas electorales y realizado gestiones, a medida que el descontento ciudadano crecía y se intensificaba, pero los resultados siguen sin contentar a la mayoría de la población.
Las críticas se reproducen desde el ámbito empresarial y el turismo se resiente de unos precios que, si ya resultan caros para los menorquines, se duplican para los visitantes; tampoco tienen reconocido el descuento del 50 por ciento en los billetes los residentes extracomunitarios, un agravio que, de momento, sólo ha cobrado protagonismo durante las campañas electorales.
Ocho años después de la declaración de OSP y de aprobarse el aumento del 33 al 50 por ciento del descuento por residente -contrarrestado por el aumento de las tarifas aéreas-, los vuelos entre Menorca y Palma siguen sin abaratarse. La competencia entre compañías hace que, a menudo, se encuentren mejores precios para volar a Barcelona o Madrid que a la capital balear, por lo que la idea de promover una declaración de OSP en las conexiones con la Península despierta recelos; y el temor general de que se repitan los mismos errores que en 2003 y los precios suban.