El Ministerio de Medio Ambiente firmó el 30 de marzo pasado la recepción de las obras de la desaladora de Ciutadella. A partir del 1 de abril, la empresa adjudicataria la UTE de Acciona Agua y Tolo Pons iniciaba la gestión de la planta, que podía llegar a producir hasta 10.000 metros cúbicos diarios. Desde esa fecha, la desaladora cuesta 150.000 euros al mes, casi 900.000 hasta hoy, y todavía no ha procesado ni un solo litro de agua del mar.
Lo más preocupante es que nadie puede asegurar cuándo entrará en funcionamiento. La semana pasada se reunieron representantes del Ministerio de Medio Ambiente, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio y de la empresa concesionaria para encontrar una salida, lo que no va a ser nada fácil. El Ayuntamiento no estuvo presente en este reunión, a pesar de que su implicación es imprescindible, porque debe comprar el agua desalada a un precio de 1,25 euros la tonelada, lo que no está dispuesto a hacer.
El director general de Recursos Hídricos, Salvador Pedrosa, reconoce las dificultades: "No sé que va a pasar". Añade que "para el Govern es prioritaria la conexión de la desaladora con la red municipal de suministro de Ciutadella". Esta obra imprescindible no tiene, de momento, proyecto ni plazos de ejecución.
Pedrosa explica que hay que "iniciar el expediente". El coste de la obra se estima en unos tres millones de euros, que debería asumir el Ministerio, una cuestión que no está definitivamente cerrada. Ahora mismo, la desaladora, aunque en teoría lleva seis meses operativa, no tiene ni una sola conexión habilitada para inyectar agua desalada a alguna red de suministro.
En Cala en Bosc, a pesar de los problemas de calidad del agua, la empresa de suministro, de José Lluch, se ha negado a conectar la tubería a un solo depósito, ya que dispone de tres.
La UTE Acciona Agua y Tolo Pons SL han presentado cada mes desde abril una factura de unos 150.000 euros al Ministerio de Medio Ambiente, que no las ha pagado. El problema es que desde que firmó la recepción de la obra el 30 de marzo y según el convenio que firmó Jaume Matas cuando era ministro con el Govern debe ser la administración autonómica la que se haga cargo de las amortizaciones y de la gestión.
De hecho, el Ministerio no tiene la competencia en recusos hídricos y, por tanto, no tiene capacidad de intervención. Salvador Pedrosa asegura que "las facturas se pagarán". Mientras, el Banco de Santander, que ha financiado el proyecto, está a la expectativa de que empiece el proceso de desalinización y de venta del agua tratada.
Si las conexiones se llevan a cabo, faltará por escalar el último peldaño. El Ayuntamiento de Ciutadella debe comprar el agua a 1,25 euros. El alcalde de Ciutadella ha mantenido contactos con la concesionaria y con las administraciones en los últimos días. Mantiene su posición ya conocida: no va a multiplicar por cuatro el precio del agua potable en el municipio, cuando la desaladora debería ser un servicio insular.
La cuestión del precio es importante, porque no está totalmente definido. 1,25 euros por tonelada es el mismo que se aplica en Eivissa y el coste de amortización más variables de tratamiento del agua desalada. A esta cantidad hay que añadir los costes del servicio municipal de agua, aunque después el agua desalada se mezclaría con la de los pozos, con un coste menor, y el precio podría reducirse.
En definitiva, la repercusión exacta sobre el consumidor sigue siendo una incógnita. El director general de Recursos Hídricos comenta que hay que ver cómo se repercuten los costes. Afirma que "el agua de calidad deba pagarse", aunque añade que la aplicación podría ser progresiva.
También considera que hay que ampliar las zonas a las que servir el agua desalinizada. Pedrosa tiene claro que la solución definitiva sería la extensión de una tubería hasta Maó, como se ha planteado en varias ocasiones, pero para este sueño no hay recursos económicos ni es previsible que los haya en años. 40 millones de euros, en que se estima el presupuesto de este proyecto, no estarán al alcance de las administraciones en mucho tiempo.
La fecha en que entrará en funcionamiento sigue siendo una incógnita. Lo que es evidente es que la solución no se producirá a corto plazo.