La protesta protagonizada ayer por efectivos de la Policía Local de toda la Isla en Alaior se trasladó a última hora de la tarde a Maó. Minutos antes de las ocho un nutrido grupo de policías se concentraban en la plaza Conquesta dispuestos a aprovechar la celebración del pleno para publicitar el malestar que ha originado el cese de cuatro compañeros y los recortes que se otean en el horizonte.
Los policías llenaron el salón de plenos e hicieron coincidir sus protestas con las intervenciones de Salvador Botella en el debate de los presupuestos para 2012. En la primera de ellas, se levantaron y alzaron los brazos, mientras que en la segunda, también de pie, dieron la espalda al responsable de Servicios Generales. Los pitos y los comentarios fueron una constante durante el tiempo que los policías permanecieron en la Casa Consistorial, si bien no perturbaron en ningún momento el desarrollo de la sesión.
La presencia de los policías fue sirvió de constatación de que el Ayuntamiento de Maó sigue la senda de Alaior y ya ha comunicado a la Junta de Personal y al Comité de Empresa su intención de aplicar reajustes en la plantilla ante la delicada situación económica de las arcas municipales. La mayoría de los recortes se refieren a las "ayudas sociales" que perciben los trabajadores para asistencia médica, calzado, las retribuciones en concepto de plus de conducción y algunas relativas a la productividad.
Como primer paso, el equipo de gobierno pretende denunciar los pactos suscritos en materia laboral en los ultimos años. En concreto, propone la denuncia del pacto provisional sobre condiciones de trabajo de personal funcionario alcanzado en 2005, así como el pacto sobre condiciones retributivas y de trabajo de la Policía local de 2003 y la adenda del mismo firmada en 2004. También propone a los sindicatos denunciar todos los acuerdos de la Comisión Paritaria que hayan ampliado el contenido de las ayudas del convenio colectivo. El equipo de gobierno pretende, además que el importe de las ayudas sociales que perciben los trabajadores sea el que figuraba en el convenio firmado en 2007. La intención del gobierno local es que la medida comience a aplicarse el 1 de enero del próximo año.