La alusión de la consellera de Bienestar Social, Aurora Herráiz, a la prioridad en el pago de facturas de la Fundació de Persones amb Discapacitat con una empresa vinculada a una exconsellera del PSOE -en concreto, y según pudo saber este diario, a la que fuera vicepresidenta del Consell, Carme García Querol-, ha enturbiado aún más si cabe la polémica sobre la situación económica de la entidad.
Herráiz mencionó ante el pleno, durante el debate de la interpelación socialista relativa a la Fundació, el trato de favor recibido por uno de los proveedores de la entidad, cuya viabilidad está ahora en entredicho. En concreto la responsable de Bienestar Social interrogó a la consellera del PSOE, Noemí Gomila, sobre los pagos y afirmó "me gustaría saber por qué se le debe a todos los proveedores desde enero de 2011 y sólo hay un proveedor, una exconsellera socialista, que llevaba los pagos al día por un servicio de limpieza". Asimismo, Herráiz preguntó a la anterior responsable del área por qué no se optó por crear una empresa propia de limpieza, siendo éste un sector considerado pionero en inserción de discapacitados.
El informe sobre las cuentas de la Fundació, entregado en el transcurso del pleno a la consellera Noemí Gomila, está siendo analizado por los socialistas, así como los pagos realizados a empresas proveedoras, ya que algunas de estos pagos estaban domiciliados. Las dudas en torno a la empresa de la exconsellera del PSOE y a las presuntas irregularidades en su contratación, por parte de los anteriores gobiernos del Consell y el Ayuntamiento de Maó, resurgen tras las manifestaciones de Aurora Herráiz, quien ayer rehusó hacer declaraciones al respecto y señaló que sólo mencionó este hecho para defenderse de las acusaciones de amiguismo. Tampoco quiso responder el exgerente de la Fundació, Manolo Pons Sintes, quien se limitó a señalar que está estudiando emprender acciones legales "para defender mi honor", ya que se cuestiona su gestión en la entidad.