La Norma Territorial Transitoria, que pretende cambiar la protección de algunos espacios naturales de la isla y que en la actualidad están amparados por el PTI, contará con la oposición, vía jurídica, del GOB, según ha explicado a este diario Miquel Camps, responsable de Territorio de esta entidad ecologista.
A pesar de que dicha Norma no ha sido todavía aprobada por el Consell de Menorca, el conseller impulsor, Cristóbal Huguet, lleva algunos meses adelantando cuáles serán los puntos de revisión del Plan Territorial Insular.
En este sentido, y ante las sospechas que tiene el GOB en cuanto a las acciones urbanizadoras, Miquel Camps avanzó que "estamos atentos a estos cambios y preparados para emprender acciones legales para la defensa del territorio y contra las medidas que impulsan el cambio de usos de algunos espacios para adaptarlos a propuestas urbanísticas".
Para Camps, los novedades que pretende introducir el Consell en el PTI "vienen dados mediante la llamada Norma Territorial Transitoria. Se trata de una figura jurídica sólo para nuestra isla amparada en la reciente Ley de Medidas Urgentes". Esta normativa transitoria sería vigente hasta que se apruebe la modificación del PTI. Dicha modificación como tal "es en si misma una opción jurídica que ya contempla este Plan, de ahí que para Camps, "las medidas transitorias que explica Huguet son una modificación encubierta en la norma transitoria, porque serán modificaciones definitivas y, por lo tanto, no se trata de medidas transitorias".
Camps explica la confusión que ha generado la reciente Norma Transitoria, "porque es una figura nueva amparada en una ley nueva de Medidas Urgentes. Un texto normativo que sorprende al tratarse de una vía jurídica extraña que nadie conoce. Y todo eso crea incertidumbre y confusión".
Cambios a la carta
Camps no deja margen para la duda en cuanto a las intenciones del equipo de gobierno del Consell con esta Norma. "Tenemos claro que se trata de cambios a la carta para legitimar, en terrenos ahora protegidos, actuaciones urbanísticas. Sobre este tema, nos hemos reunido varias veces con el presidente Santiago Tadeo y con el conseller Huguet y nos han dicho que en estas zonas conservadas no se pretende hacer nada. Entonces no entendemos por qué se desprotege". Camps añade que "tenemos claro que las medidas quieren cambiar las figuras de protección que contempla el actual PTI. Así lo interpretamos e intuimos que no son medidas transitorias sino una revisión o modificación abierta del Plan Territorial Insular. Y por esta vía se pisotean los derechos de los administrados".
Revisión para 2013
El propio PTI ya contempla su revisión 10 años después de su entrada en vigor, o sea en 2013. "Hay cosas a revisar y estamos de acuerdo, como ajustar el texto a un léxico que haga posible una mejor interpretación, así como otros detalles, pero no para desproteger".
Causa extrañeza en el GOB esta vía. "Hace más de un año que gobiernan y podían haber iniciado la revisión del PTI a través de un consenso con las partes y ahora la revisión ya estaría hecha". De ahí la sospecha de la entidad por haber optado "por esta vía extraña de forma unilateral".
Camps anuncia que los cambios son para desproteger zonas como Macarella, el Barranc d'Algendar, Binigaus, Llucalari o Tirant, entre otras. Esta claro que el conseller Huguet quiere dar un uso urbanístico a estas zonas que la Llei d'Espais Naturals de 1991 no protege, pero que sí lo hace el PTI".
Dice el GOB que la propia "ley de Medidas Urgentes del Govern balear está pendiente de recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central, que son del mismo partido, por lo que es una vía que presenta dudas". Camps no duda en afirmar que "emprenderemos acciones jurídicas para frenar estas revisiones del PTI. Tenemos un equipo de juristas que trabajan en el tema y presupuesto para afrontarlo"
Por otra parte, desde el GOB no entienden muy bien el hecho de que sea el propio conseller Huguet "quien redacte esta Norma Territorial Transitoria exclusiva para Menorca, y no un equipo de juristas expertos en la materia", explicó Miquel Camps.
Desde la entidad ecologista se reservan, de momento, los puntos jurídicos que acarrearían discrepancias legales para la vigencia de la nueva Norma, todo a la espera de ser estudiado más a fondo.