"Cantin papers, mentin barbes". Con este refrán popular quiso "evidenciar" ayer el diputado socialista, Marc Pons, "las falsedades que el Govern de José Ramón Bauzá ha dicho en torno al Centre Bit que debe levantarse en el polígono de Alaior".
El partido socialista aseguró ayer que ha necesitado un año y medio para acceder al expediente del Centre Bit y que "una vez conseguido y con los papeles en las manos, podemos constatar las mentiras que el Ejecutivo autonómico ha ido vertiendo sobre esta incubadora de empresas". Así es como ayer el diputado Marc Pons y el conseller portavoz Joan Marquès comparecieron en rueda de prensa para deshojar la margarita del proyecto del que, según los socialistas, "el Govern ha explicado una situación cuando la realidad es otra muy diferente".
El partido se ha servido del expediente para narrar los hechos que giran en torno de esta apuesta tecnológica. Explican que el 11 de abril de 2011 el director gerente de la empresa pública ParcBit Desenvolupament SA manifiesta la aprobación y disposición de una cuantía dineraria de 5 millones de euros para cubrir el coste de ejecución del proyecto del Centre Bit.
La memoria justificativa de la necesidad de la contratación, rubricada el 25 de abril de 2011, constata la existencia de la partida económica y plantea la necesidad de "licitar las obras en base a los proyectos elaborados".
El 14 de julio, el proceso sigue abierto y en marcha y un nuevo documento informa de que se han subsanado correctamente todas las deficiencias observadas en la documentación relativa a la solvencia económica de las empresas licitadoras.
Liquidación de 2011
El partido socialista facilitó a su vez la liquidación del presupuesto relativo al ejercicio 2011 en el que se detalla la existencia de una partida de 5 millones de euros de los que, restan aun pendientes de orden de pago 4,2 millones, mientras que los 750.000 euros restantes ya han sido ordenados para hacer frente a pagos relativos al proyecto.
"Entiendo que es el coste del proyecto de obras y el estudio de viabilidad", señalaba ayer Marc Pons.
No obstante, el diputado socialista hacía especial hincapié a la carta que el Govern remitió el 6 de julio de 2012 a las 20 empresas que optaban al concurso anunciándoles "la necesidad de tomar el acuerdo de renunciar a continuar con el procedimiento abierto para la contratación de la obra de ejecución del Centre Bit Menorca". En esta misiva expresan ser conscientes del tiempo transcurrido desde la presentación de la oferta sin haber tenido contestación al respecto, un retraso que achacan a la necesidad de estudiar de manera exhaustiva el proyecto a ejecutar y sus implicaciones económicas.
"La conclusión a la que hemos llegado es que ParcBit Desenvolupament no dispone de los recursos económicos necesarios para hacer frente al pago derivado del contrato resultante de este procedimiento" y añaden que "el estudio de viabilidad refleja un déficit importante que haría insostenible su mantenimiento". En esta carta se pone a disposición de las empresas las garantías provisionales para que procedan a retirarlas.
El PSOE denuncia que la empresa notificara esta decisión de archivar el proceso antes de que el Consejo de Administración acordara (día 10 de septiembre de 2012) facultar al conseller delegado a informar a las empresas licitadoras sobre el acuerdo.
Aguiló "miente"
Los socialistas no logran entender que quince días después de adoptarse el acuerdo de archivar el procedimiento, el vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, compareciera ante el Parlament para informar sobre el proceso del Centre Bit y que "en ningún momento anunciara que estaba paralizado", señalan los socialistas, quienes argumentan que Aguiló "salió por pataneras y dio de nuevo la culpa al anterior gobierno de haberse gastado la partida en otros fines" y añaden que "alguien deberá asumir responsabilidades".
Pons aseguraba indignado que "nos han estado engañando", por eso, mañana registrarán la petición de una comparecencia urgente del vicepresidente económico del Govern para que "salga y explique la verdad públicamente".
A su vez, aseguran que harán un exhaustivo seguimiento del proceso puesto que "el 31 de diciembre de este año acaba el plazo y si no se ha invertido la partida, el Ejecutivo autonómico deberá devolverla al Gobierno de Mariano Rajoy".