El presidente de ADESME y portavoz de los tres directores de Maó expedientados por la Conselleria de Educación, Rafel Andreu, aseguró ayer que «todo el mundo ve, después de tres meses, que la larga mano del señor Estarellas (secretario autonómico de Educación) está detrás de todo el proceso». Sin decirlo explícitamente, dejó entrever que esta afirmación no se basa en simples suposiciones.
Para Andreu, esta interferencia política hace que «nadie espere una tramitación objetiva». El presidente de ADESME expone que los expedientes responden a una «jugada muy bien calculada para atemorizar a los directivos de Balears» y que se eligió Menorca por la menor repercusión social de esta acción, «se nos ha despreciado».
Andreu anunció también que si los expedientes no acaban con sobreseimiento, los directores no descartan ninguna vía judicial, «que serán múltiples y diversas». Insistió en que no hay justificación para las medidas cautelares, «no somos un peligro para nadie», más aún en el caso de la directora del IES Joan Ramis i Ramis que se enfrenta a una posible sanción inferior a diez días sin empleo y sueldo que ya estaría sobradamente cumplida.
Así se pronunció Andreu ayer en una rueda de prensa en la que contó con el apoyo de los sindicatos. Maria Camps, del STEI-i, denunció que son «expedientes de carácter político» y el hecho de que no se hayan retirado «cuando han tenido oportunidad de hacerlo, demuestra la tesis inicial, que se iniciaron para dar miedo».
Jaqueline Moreno, de UGT, mantiene la tesis de que el instructor resolvió los expedientes con una falta leve y que desde la Conselleria de Educación no gustó. Es más, asegura que desde el PP de Maó ya conocían esta circunstancia de antemano.
La crítica a los políticos locales del PP fue compartida, ya que Andreu y los sindicatos les acusan de someterse a los dictados de Palma y no haber hecho nada para defenderles.
Joan Pere Amengual, de CCOO, asegura que con la decisión de calificar como falta la votación de los directores en el seno de los consejos escolares «la Conselleria de Educación ha aplicado antes de hora y de forma coercitiva lo que ya establece la LOMCE, que acaba con los espacios democráticos en los centros».
Por su parte, y a través de un comunicado, el grupo parlamentario Més calificó de «miserable» el cambio en los expedientes y acusó a la consellera Joana Maria Camps y a Guillem Estarellas «de actuar como la Gestapo» con un actitud prevaricadora.