El Ayuntamiento de Ciutadella en pleno se plantará esta tarde ante la pretensión del Consell de que asuma un mayor coste en el servicio insular de extinción de incendios.
El gobierno del PP secundará la enmienda a los presupuestos presentada por UPCM y evitará con ello tener que desembolsar 65.000 euros adicionales para sostener los cuerpos de bomberos y el servicio de acogida de animales.
El primer edil José María de Sintas, que ya acogió con desagrado hace quince días la propuesta realizada por el Consell en la Junta de Alcaldes y advirtió con salirse en 2015 del consorcio de limpieza de playas si se incidía en esta cuestión, sumará su voto y el de su grupo al de la oposición para rechazar la solicitud planteada por el gobierno Tadeo.
El Consell, que hasta ahora asume la mitad del coste de los servicios mancomunados de extinción de incendios y acogida de animales, pidió aportar tan solo el 40 por ciento y endosar a Ciutadella el 60 restante. UPCM reaccionó de inmediato y enmendó el presupuesto para hacer recar la decisión final sobre el pleno, ya que el PP gobierna el municipio en minoría.
Pues bien, no será necesario buscar complicidades en el resto de grupos contra el PP porque el propio equipo de gobierno apoya «totalmente» los argumentos esgrimidos por el partido de Joan Triay. Así que, al margen de la votación de hoy, cuando la propuesta ya formal del Consell -notificada el viernes- llegue al próximo pleno ordinario del mes de diciembre recibirá también un contundente 'no' como respuesta.
«En ningún momento hemos dado nuestra conformidad a lo planteado en la reunión de alcaldes, ni lo haremos, pues dudamos que ningún informe jurídico pueda avalar seriamente la propuesta», confirmó ayer la primera teniente de alcalde, Francisca Marquès.
La petición llega «fuera de plazo», pues el convenio en vigor obliga al Consell a comunicar cualquier cambio a los ayuntamientos antes del 31 de julio y precisa de su conformidad antes del 1 de noviembre. «Su solicitud es absolutamente extemporánea, ya que además fue comunicada a los alcaldes el 15 de noviembre con la intención de que entrara en vigor en 2014. Imposible».
Pero «tampoco se justifica por el fondo». El argumento del Consell de que debe reducir su aportación a los servicios insulares por el duro varapalo judicial de la sentencia de Cesgarden «no se puede aceptar, y menos aún en Ciutadella, donde soportamos una carga mayor en expropiaciones. Y del mismo modo que a nosotros no se nos ocurre endosar unilateralmente al Consell un mayor pago ni crear un nuevo impuesto con esta justificación, tampoco la institución insular debería hacerlo».