Manel Martí, diputado autonómico del PSM Més per Menorca, calcula que el cumplimiento estricto de la Ley de Símbolos por parte del mismo Govern conllevará un gasto aproximado de unos 20.000 euros. Los nacionalistas estiman que solo en educación, sanidad y trabajo hay 319 edificios públicos afectados, pero que en total los inmuebles públicos ascienden a unos 500. A dos banderas por cada uno, a veinte euros la bandera, el total asciende a la cantidad antes señalada. Se trata de un gasto que el PSM define como «innecesario y que se debería destinar a otras necesidades».
Por otro lado, el PSM denuncia que el PP no está cumpliendo con esta controvertida normativa ya que «ni las oficinas del SOIB, ni los servicios del IB-Salut, no tan solo la Delegación Territorial en Menorca de la Conselleria de Educación cumple el artículo 3» ya que no ondean en sus fachadas las banderas oficiales de España y Balears. Cabe destacar que en el caso de la Delegación de Educación hace unos días se colocó un nuevo mastil para banderas y que recientemente se ha incorporado un segundo.
Ante esto, la consellera Maite Salord se pregunta «¿qué legitimidad puede tener un partido y un gobierno que ha impulsado una ley que ni ellos cumplen?». Interpretan los nacionalistas que de esto se desprende que «el único objetivo de la ley era y es prohibir la expresión libre de la comunidad educativa contra la política lingüística y educativa del Govern». El PSM denunció el lunes que el PP había hecho en un acto electoral un uso de la bandera de Mallorca que no se ajusta a la nueva normativa.
La entrada en vigor de la Ley de Símbolos conllevó la retirada de la mayor parte de elementos susceptibles de ser considerados ilegales de las fachadas de los colegios. Entonces la cuestión de la obligatoriedad de colocar banderas en las fachadas quedó en segundo plano, aunque un par de colegios de Ciutadella las colgaron el primer día de vigencia de la normativa. La Conselleria de Presidencia esgrimió que la Ley se iría aplicando de forma paulatina.