La millonaria sentencia de Cesgarden (Son Bou), recurrida por el Consell ante el Juzgado de Palma y la Fiscalía Anticorrupción, ha elevado de tal modo los compromisos de pago de la primera institución insular que ha disparado su nivel de endeudamiento hasta el 98,74%, muy por encima del tope del 75% que fija el Estado. Así lo advierte el último informe del área de Intervención, lo que obliga al Consell a llevar este mismo lunes a pleno un plan de reducción de su deuda a cinco años vista, hasta finales de 2019.
Los 32,4 millones de euros que debía a finales del año pasado se han convertido en 55,6 por culpa del fallo judicial sobre Cesgarden, una losa sin la que el Consell respiraría aliviado al soportar un endeudamiento de escasamente el 57,51%.
El plan presentado ayer por el presidente Santiago Tadeo y la vicepresidenta económica Pilar Pons Faner prohíbe concertar nuevos préstamos en los próximos tres años. No obstante, el equipo de gobierno insular ve tan «consolidada» su situación financiera que confía en situarse por debajo del umbral del 75% en 2016, dos años antes de lo requerido por la disposición estatal. Y todo ello sin necesidad de aplicar «medidas excepcionales».
De hecho, este nuevo plan de saneamiento, adicional al vigente entre 2012 y 2022, apenas comportará la cancelación de un préstamo por valor de 24.000 euros y la refinanciación del destinado al pago a proveedores que, al rebajar su interés del 5,5 al 1,14%, permitirá un ahorro total de 387.000 euros.
Asimismo, este mes se abonará a los ayuntamientos los 700.000 euros que faltan para compensar la deuda próxima a los cinco millones que arrastraba al inicio de la legislatura y así dejar «el contador a cero».
Este plan de reducción de la deuda será aprobado el lunes por el pleno a instancias de la vicepresidenta Pilar Pons, quien ve al Consell «más fuerte, autónomo y con mayor credibilidad». Es el fruto de una «gestión seria y rigurosa» que permite «hacer frente a nuestras obligaciones con garantía».
Que ha pasado con los peritajes. No se demostró que sólo ascendían a 4 millones como mucho. El pueblo tiene derecho a saber si hubo un error en el peritaje y que nos den explicaciones.