Más de 50 millones de personas practican el golf en todo el mundo, cada jugador deja en los campos una media diaria de 350 euros, gasta en el destino lo mismo que tres visitantes convencionales y busca meses con menos calor para programar sus viajes. El cóctel parece propicio para que Menorca apueste fuerte por el golf como producto turístico con un gran poder desestacionalizador, pero ¿cuál es el precio para el territorio insular y sus recursos? ¿Qué implica esa apuesta para el modelo 'verde' con el que Menorca se proyecta estratégicamente en los mercados turísticos?
Son los elementos que siguen encendiendo el debate en la Menorca de la segunda década del siglo XXI y el Ateneu de Maó quiso el pasado viernes ponerlos sobre la mesa en un coloquio con la participación del experto en turismo Iñigo Orbaneja, el experto en recursos hídricos José Antonio Fayas, el ecologista del GOB Miquel Camps y la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal. Todos se aproximaron a la cuestión desde sus ámbitos para terminar evidenciando que el dilema sigue más abierto que nunca.
Abrió el debate Orbaneja, el que fuera vicepresidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, una de las regiones españolas con más campos de golf. Su advertencia: «Tener uno (como actualmente) o dos campos es absurdo, el turista de golf está entre tres y nueve días en el destino y cambia hasta seis veces de campo». Es lo que le lleva a defender la necesidad de construir cinco «buenos» campos, ideados por grandes arquitectos de los principales países emisores de turistas.
Consciente de la especial sensibilidad medioambiental de la Isla, Orbaneja explicó la evolución que han vivido este tipo de equipamientos deportivos: «En los 90 se usaban productos químicos, hoy en día el 95 por ciento deben ser inocuos. Desde entonces el consumo de agua que requieren se ha reducido a menos de la mitad». Desde el punto de vista hídrico, José Antonio Fayas expuso una proyección del consumo que supondría mantener seis campos, y a pesar de dejar claro que «no deberíamos castigar más los acuíferos», concluyó que los alrededor de 450.000 metros cúbicos que serían necesarios «no supondrían una presión significativa», siempre y cuando el riego sea con agua depurada o bien en sustitución del uso agrícola.