El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó salió ayer al paso de las denuncias de los representantes laborales de la Policía Local, que se hicieron visibles en el pleno municipal del pasado jueves, a propósito de los recortes salariales que están sufriendo. Los responsables del Consistorio defienden que el recorte de sueldos –que reconocen que en 2012 fue del 2,84 por ciento para los oficiales y del 11,88 por ciento para los agentes–, se produjo después de que, al llegar al gobierno municipal en 2011, un informe de Intervención les advirtiera de la situación de «irregularidad» de algunos complementos retributivos presentes en sus nóminas, acordados en 2007, pero que no llegaron a ser aprobados por en el pleno municipal.
Después de mostrarse respetuosos con la protesta, recordar que viene de lejos y llamar a que esta no suplante un diálogo «al que siempre hemos estado dispuestos», desde el equipo de gobierno negaron algunos de los argumentos sustentados por los representantes policiales. En primer lugar, aseguran que es falso que el presupuesto para ese departamento, «el mejor dotado en recursos humanos», se redujera en un millón de euros en 2012, niegan que no se estén cubriendo las jubilaciones (aseguran que así se ha hecho desde el 1 de enero de 2014) y que la Policía Local no pueda participar en la negociación del acuerdo con el personal laboral. En ese sentido, aseguran que ofrecieron a la Junta de Personal, órgano que se adhirió al convenio y en el que sí está representada la policía, renunciar a esa adhesión para renegociar los acuerdos.