El GOB denuncia que durante dos meses las obras de la carretera general no han sido controladas económicamente, al carecer entre septiembre y noviembre, del director de obras, lo que podría "dificultar mucho el control de los gastos no previstos", que ahora exige la constructora.
La entidad ecologista recuerda que las obras se iniciaron en septiembre y no fue hasta el 17 de noviembre que se nombró a un director de obras, después que el Consell "advirtiera de que no disponía de personal técnico suficiente para llevarlo a cabo". El GOB apunta que el director de obras, como "responsable director del control económico del proyecto" es "un elemento clave para controlar que las obras que se llevan a cabo se ajusten a lo aprobado".
Para los ecologistas, los sobrecostes económicos que presume que el Consell tendrá que hacerse cargo, se sumarán a los sobrecostes ambientales y sociales, que para el GOB, suponen las obras de la reforma de la carretera.
En este sentido, recuerdan que el contrato de dirección de obra incluía también la vigilancia ambiental y el control del patrimonio histórico, cuando durante estos meses se han hecho "al menos dos actuaciones principales en zonas con potencial presencia de valores arqueológicos", en los cruces de Rafal Rubí (donde hay dos navetas y en la Argentina (con otra naveta). Ante ello el GOB se pregunta "¿quién ha hecho el trabajo, por parte de la administración pública, de controlar que las obras ejecutadas no afecten al patrimonio?", teniendo en cuenta que las obras no disponían de director de obras.
El Consell lo niega
Según las fuentes oficiales, durante los dos primeros meses de los trabajos asumió las tareas de dirección de obra una funcionaria del Consell ya que, de lo contrario, «las obras no hubieran podido empezar, sería ilegal».
El director actual de obra, Pau Socias, no se incorporó hasta que no se resolvió el recurso que interpuso el segundo licitador clasificado -con Rodrigo del Pozo, autor del proyecto al frente-, contra la adjudicación del servicio. De este modo, y en contra de lo que apuntan los ecologistas, el Consell asegura que sí hubo dirección de obra en los inicios del proyecto.
El GOB señala que «el problema es que el Consell puso en marcha las excavadoras en septiembre, pero no formalizó el contrato de dirección de obra hasta el 17 de noviembre» y remite a la publicación en el boletín oficial, pero el Consell explica que el recurso retrasó la incorporación del adjudicatario, pero no por eso se dejó sin control el proyecto. La figura del director de obra es «clave» para controlar los trabajos que se llevan a cabo y ver si éstos se ajustan a lo aprobado, asegura el GOB, extremo en el que coincide el Consell. En su comunicado advierte a las constructoras que las diferencias entre los proyectos y su ejecución «son normales» pero deben ser «abordadas por la dirección facultativa de la obra, que puede compensar, redefinir e incluso modificar ciertos parámetros que compensen costes sobrevenidos. Todo ello lo contempla la Ley de Contratos del Sector Público», manifiesta la institución insular.