El conseller Fernando Villalonga compareció ayer en el pleno del Consell para explicar con detalle la crisis del vertedero de Milà, cuyo cierre fue decretado por Medio Ambiente el 22 de diciembre pasado por el riesgo de contaminación debido a un fallo en el sistema de impermeabilización. No aportó más información a la ya publicada por este diario en los últimos días, aunque mostró su «sorpresa» por la existencia de dos proyectos y por los errores que se atribuyen al último, el de Terratest, que fue el que ejecutó Antonio Gomila.
El problema es económico
Así lo cree el conseller Villalonga. En su extensa explicación dijo que el Real Decreto 14/81 de 2001 obliga a que los gestores de los vertederos cuenten con recursos para prever la clausura de las zonas colmatadas y costear todas las acciones de mantenimiento. Eso no ha sucedido en Milà, de forma que la segunda fase sigue pendiente de clausura, para lo que hacen falta más de cuatro millones de euros que el Consorcio no tiene.
Por eso esta obra se ha incluido en el pliego de condiciones para la adjudicación del vertedero a un nuevo gestor, que se publicó en el BOIB el 8 de enero pasado. Las filtraciones de lixiviados procedentes de Milà II son, junto a los posibles errores del proyecto, otra de las causas del problema que ha obligado al cierre temporal.
Los dos proyectos
La consellera de PSM-Més, Maite Salord, lamentó las dudas que se han generado sobre la existencia de dos proyectos para la ampliación de Milà, ya que la sustitución del primero se llevó a cabo cuando su grupo gestionaba el área de Medio Ambiente. Afirmó que el primer proyecto presentaba una larga lista de deficiencias y por eso el gestor encargó otro más fiable.
Fernando Villalonga respondió que el nuevo proyecto no hizo caso del informe geológico y planteó excavar 13,5 metros y planteó un material exclusivo de la empresa redactora, que después, ante las dificultades de suministro, recomendó otro distinto, que tampoco evitó el problema de las filtraciones.
El conseller Villalonga aseguró que con la nueva adjudicación de la gestión de Milà se han incluido los gastos de mantenimiento y de clausura de cada una de las fases «por lo que no va a dar problemas en 25 años».
Maite Salord y Gari Petris lamentaron la falta de información por parte del conseller y la tardanza en actuar cuando se manifestaron los primeros problemas. Petrus afirmó que otra forma de actuar habría evitado el cierre del vertedero. Ambas representantes de la oposición recordaron al conseller su afirmación al presentar el proyecto de ampliación de Milà de que era ocho veces más seguro de lo que exigían las normas.
Antes de llegar a la fiscalía
Los técnicos del Consorcio de Residuos van a recopilar toda la documentación sobre el proceso de Milà y van a elaborar un informe para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales de cada uno de los actores. Villalonga y los alcaldes del PP eran partidarios de mandar ya la documentación a la Fiscalía, pero han atendido la petición de los técnicos para llevar a cabo una investigación interna.