Los dos informes jurídicos encargados por el Consell insular, uno de ellos externo a la institución, no ven obstáculo para hacer caso a los cuatro recursos de alzada presentados en contra y paralizar las obras de construcción del parque acuático de Biniancolla, en marcha desde hace dos meses.
Pero la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, se resiste a dar marcha atrás a la declaración de interés general que en octubre hizo posible empezar la obra, «pues entiendo que se otorgó de forma correcta», y ha solicitado una ampliación de los informes porque los existentes «no ponderan el perjuicio» que podría causarse tanto al promotor como a la propia institución.
Aunque, como confirma el alcalde Cristóbal Coll, el Ayuntamiento de Sant Lluís «se ha reafirmado por escrito en los mismos motivos que ya le llevaron a informar a favor el interés general», el Consell prefiere disponer de mayor seguridad jurídica antes de que la próxima semana venza el plazo para pronunciarse. «Los dos informes apuntan que, según la ley, si se invoca una causa de nulidad, puedes suspender cautelarmente el interés general, pero no son concluyentes», remarca Vidal.
Lo principal, asegura la consellera, es cumplir lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que obliga a «ponderar, de forma suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría la suspensión al interés público o a terceros y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido». Es más, si se suspende cabe que se aporte una caución económica como «garantía suficiente para responder de los efectos» de esa decisión, aspecto éste que también debe valorar el informe.
Además, como quiera que varios de los recurrentes han anunciado ya la inmediata interposición de un contencioso en los tribunales si no se paran las obras, el Consell debe discernir si su eventual responsabilidad patrimonial sería mayor ahora o cuando el parque acuático se encuentre ya activo y haya podido ser explotado como oferta complementaria y desestacionalizadora vinculada al Hotel Sur Menorca.
El Consell concedió el interés general al proyecto tras año y medio de tramitación, en la que pudo aplicar las exoneraciones propias de la Ley General Turística. Aunque la obra no tendría encaje urbanístico al afectar a suelo protegido y encontrarse su competencia en urbano, los sucesivos pronunciamientos de Sant Lluís y la Conselleria de Turismo fueron determinantes para cambiar el sentido de los primeros informes técnicos del Consell, que lo consideraban un «uso prohibido» en rústico.
El proyecto, que ya había recabado el visto bueno favorable de la Comisión balear de Medio Ambiente, recibió primero el espaldarazo municipal, que consideró el parque acuático «un uso condicionado» en suelo rústico, aplicable solo «al turismo de cierta dimensión», como los campos de golf. Y Turismo acabó avalando después el carácter desestacionalizador de la obra. Costará 2,2 millones de euros, abrirá en verano y contribuirá a la necesaria modernización de un hotel inaugurado hace 43 años.
Pero más de 10.000 firmas piden que se paren las obras. Lo mismo que reclaman el PSOE, el PSM, el GOB y su competencia. Si el Consell no rectifica, en febrero llegarán los primeros contenciosos a Palma.