Las obras de reforma de la carretera general han puesto el freno. La UTE adjudicataria del proyecto, formada por las empresas Antonio Gomila y Dragados, han ralentizado el ritmo de los trabajos desde hace unas semanas. De ello tiene constancia el conseller de Movilidad, Luis Alejandre, un hecho que coincide en el tiempo con la reclamación de la UTE al Consell de revisar el contrato al alza por un sobrecoste de las obras.
Según el conseller, y a partir de los informes que dispone, en los últimos días solo se encontraban trabajando en la zona una máquina y los operarios encargados de levantar los muros de pared seca. Alejandre expresó que «ellos tienen su propio programa de trabajo y tienen que cumplir los plazos con los que ganaron la adjudicación». Esto es catorce meses, es decir a finales de este mismo año deberían estar terminadas, pues la propuesta que presentaron rebajaba dos meses el periodo de realización del proyecto.
El conseller añadió que la ralentización de las obras «puede entrar en su lógica empresarial» pero ante ello insistió que «seguimos defendiendo que no tienen razón». «Existe un problema técnico con consecuencias económicas, que según ellos supone un sobrecoste del proyecto, pero según los informes técnicos no hay motivo», resaltó.
Uno de los puntos de discusión entre el Consell y las constructoras radica en el traslado de los cables de telefonía. Fuentes próximas de la empresa indicaron que el hecho que Telefónica no haya retirado todavía los postes en los lugares donde se está actuando afecta a las medidas que impone la Ley de Seguridad del Trabajo.
El conseller Alejandre replicó que este problema se concentra en las obras de las rotondas de Rafal Rubí y La Argentina, pero que «pueden seguir trabajando en el resto de la carretera».
Sea como sea, el conseller manifestó que confía en que se desbloqueen las negociaciones sobre los conceptos y los precios de la reforma de la carretera, algo en que también coinciden desde la UTE, que esta semana espera cerrar este tema.
La UTE reclama el doble de lo permitido
La reclamación asciende a 2,4 millones de euros, que duplica lo que permite la ley, que determina que al terminar una obra se puede exigir un 10 por ciento más, y que en este caso serían 1,2 millones.
Por otro lado, el pliego de licitación se prevé como máximo una desviación del 6,5 por ciento sobre el presupuesto inicial (7,5 millones sin IVA) para un proyecto modificado.