Dragados cree tener un as en la manga para salvar sus diferencias económicas con el Consell insular y evitar la rescisión del contrato de las obras de reforma de la carretera general entre Maó y Alaior.
La constructora nacional insiste en las carencias del proyecto original, obra de Rodrigo del Pozo, y se ampara en la nueva Ley de Contratos de 2011 para justificar la necesidad de introducir «obras complementarias» no incluidas ni previstas hasta este momento.
Si se interpreta que el defecto de medición de hasta el 24 por ciento, las obras de drenaje en las rotondas, el soterramiento del cableado telefónico o la necesidad de gastar un millón más en asfalto no figuraban «ni en el proyecto ni en el contrato», podría aceptarse uno de los supuestos de la ley para engrosar el presupuesto hasta en un 50 por ciento; esto es, 4 millones de euros más.
Las únicas condiciones que pone el artículo 155 de la Ley de Contratos es que el «importe de estas obras complementarias no supere el 50 por ciento del coste primitivo del contrato» y tampoco cause «grandes inconvenientes al órgano de contratación». Pero falta que la circunstancia que las ha motivado «no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente» y no comporte una modificación del contrato.
Ahora necesita que el Consell también lo entienda así, sobre todo durante la trascendental reunión que se ha convocado para este lunes en Palma, en presencia del director de la obra, Pau Socias. Hasta el propio conseller de Movilidad, Luis Alejandre, admite que «el problema es ahora más jurídico que técnico».
La UTE Dragados-Antonio Gomila cifró en un primer momento el sobrecoste en 2,8 millones de euros, un 38% por encima del presupuesto de adjudicación. La ley solo permite una desviación del 6,5% más otra del 10% en el momento de certificar la obra ya ejecutada.