El exalcalde de Alaior, el socialista Pau Morlà, aseguró ayer sentirse tranquilo, después de hacerse público el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre los 17 expedientes tramitados en el anterior mandato, y en el que el órgano fiscalizador ha constatado deficiencias administrativas, como obras contratadas verbalmente que el anterior alcalde niega de forma tajante. Morlà prefiere hablar de «incidencias administrativas» y no de irregularidades, mientras que el PP acusa a PSOE e Iniciativa per Alaior (EM-IA) de haber gobernado con «amiguismo y total impunidad», en palabras de la actual alcaldesa, Misericordia Sugrañes.
«Puede existir un fallo administrativo, pero no que eso se conviertiera en la conducta sistemática de PSOE-IU», declaró ayer la alcaldesa Sugrañes, quien subrayó que la Sindicatura de Cuentas «ratifica que se cometieron irregularidades» y ahora los 'populares' analizan qué pasos dar. «Estamos viendo quién es competente para trasladar el asunto a la Fiscalía, si debe ser la Comisión de Hacienda del Parlament o el propio Ayuntamiento, estamos en eso», afirmó la alcaldesa del PP.
«Contratos amañados»
El diputado y portavoz del PP en la Comisión de Hacienda del Parlament balear, Antoni Camps, fue ayer más allá y aseguró que «los contratos estaban amañados desde el principio, los pliegos de cláusulas administrativas estaban plagados de importantes deficiencias».
Tiene su aquel que haya quien pretenda exculpar al PSOE de su responsabilidad en la trama de financiación ilegal que protagonizó, por el mero hecho de que las condenas recayesen en los peleles que utilizó como tapadera y no en la organización política como tal. También, por ejemplo, en el caso de los ERE se imputa a los expresidentes y exconsejeros socialistas, entre un millar más de investigados, y no al partido en sí. Lo importante es lo que considera hechos probados la sentencia del TS de 28/10/97: "A mediados de 1987 se inició lo que poco después iba a ser un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era, de la manera que se dirá, la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al Partido Socialista Obrero Español por las campañas electorales, Elecciones Generales y Europeas, del año 1989, con lo cual, sin perjuicio de atender también a la financiación ordinaria, se soslayaban los límites cuantitativos establecidos al respecto por la legislación vigente constituida por la Ley Orgánica 3/87 de 2 de julio". En el resto de la misma se detallan nombres, fechas y particularidades de la trama delictiva organizada por el PSOE para financiarse ilegalmente. Para quien tenga interés en leer la sentencia, ya que reproducirla aquí sería imposible, la puede encontrar en este enlace http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/filesa.html