El Ayuntamiento de Alaior deja sin posibilidad de desarrollo 25 unidades de actuación hasta 2018, fecha en la que confía en disponer de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada. La suspensión de estas zonas, pendientes todas ellas de desarrollo, pretende «proteger los intereses de los vecinos de Alaior y evitar posibles responsabilidades que puedan acarrear nuevas indemnizaciones», señala la alcaldesa Misericordia Sugrañes.
La medida, que el gobierno municipal prevé aprobar este jueves en el pleno, afectará «solamente a las unidades de actuación pendientes de desarrollo y en las que no hay aún ningún proyecto presentado ni se ha iniciado tramitación al respecto», indica Sugrañes y asevera que «no se suspende ningún trámite en suelo urbano ya consolidado». Esto significa que el Ayuntamiento seguirá dando licencias, ya sean de reforma como de construcción o nueva planta en base al planeamiento de 2009. Es en este sentido que Sugrañes hacía ayer un «llamamiento a la tranquilidad puesto que no lo suspendemos todo».
La paralización es inicialmente por un período de un año, durante el que el gobierno confía en tener avanzada la revisión del PGOU. Una vez éste se haya aprobado inicialmente, el Ayuntamiento podrá mantener la suspensión dos años más mientras la tramitación avanza hacia la aprobación definitiva. De ahí que fijemos el plazo en 2018.
El Ayuntamiento ya ha encargado a un gabinete de Mallorca la redacción del avance del PGOU con el fin de «tener la documentación preparada» mientras se avanza en el pliego de condiciones para contratar su revisión y adaptación a las nuevas normativas. Sugrañes explica que «habrá pocas modificaciones porque el objetivo es dar estabilidad jurídica a los vecinos de Alaior y al Ayuntamiento». Advierte, no obstante, que en caso de que las administraciones cambien de partido tras las elecciones, el proceso podría demorarse más.
La medida se ha tomado puesto que todo apunta a que el Tribunal Supremo ratificará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que declaró nulo el plan por la falta de un documento de telecomunicaciones «preceptivo y vinculante». El Ayuntamiento interpuso recurso de casación porque «de no presentarlo ahora mismo estaría en vigor el PGOU de 1994 lo que comportaría perjuicios a los vecinos afectando incluso a una simple licencia de edificación», concluye la edil.