Es la primera mujer que preside el Govern balear. Francina Armengol Socias (Inca, 1971) se licenció en Farmacia en 1995 en la Universitat de Barcelona. Concejal del Ayuntamiento de Inca (1998-2000), diputada del Parlament balear desde 1999, presidió el Consell de Mallorca durante el mandato 2007-2011. Desde febrero del 2912 es la secretaria general del PSIB-PSOE.
¿Cómo se ven las cosas desde el Consolat de Mar, en lugar del escaño de jefa de la oposición?
— Con más ilusión, también con más emociones y una gran responsabilidad. Con mucha inquietud para resolver los problemas de los ciudadanos de estas Islas y poder cumplir todos los compromisos adquiridos.
¿Qué representa en el plano personal?
— El hecho de ser la primera mujer que preside el Govern balear me hace reflexionar sobre tantas mujeres feministas que han luchado para hacerlo posible.
Y porque es el primer Govern de izquierdas en Balears.
— Es un gran reto porque nos hallamos en un momento económico, social y político complicado, de manera que este Govern que empieza a andar es fruto de muchas ilusiones de ciudadanos que pedían un cambio en la manera de gobernar de estos últimos cuatro años.
¿Hubiera preferido que Podemos entrase en el Govern?
— Tanto el PSIB-PSOE como Més per Mallorca y Més per Menorca esperábamos que se incorporase al Govern, pero tomaron una decisión -que respeto- de no entrar. En cambio, hemos firmado un Acord de Governabilitat que hace posible un gobierno estable, que funciona con una hoja de ruta política marcada. Dedicamos muchas horas a cerrar el acuerdo, porque hoy contamos con el compromiso de que se cumplirá esta hoja de ruta y que Podemos apoyará los iniciativas legislativas así como los presupuestos de la Comunitat Autònoma, que son fundamentales para cumplir el programa.
¿Hará una auditoría de las cuentas del Govern?
— Es uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad, por lo que hemos acordado realizar una foto-fija de la situación encontrada, no para reprochar a los que han salido, sino para cumplir con nuestro objetivo de transparencia. Así podremos explicar a cuánto asciende la deuda, el déficit, las facturas pendientes y cómo se encuentran los servicios públicos: con cuántos profesores contamos, los médicos que necesitamos, la situación de las depuradoras y de las desaladoras aún no conectadas. A partir de aquí, las prioridades.
¿Ha recibido muchas peticiones del Consell de Menorca?
— Agradezco a la presidenta Maite Salord y a su equipo de gobierno la acogida que nos dispensó, porque quiero ser la presidenta de las cuatro islas y resolver de forma dialogada los problemas de cada una. El gobierno del Consell ha expuesto problemas ya conocidos como el transporte aéreo, y también cuestiones clave para la competitividad de Menorca y temas de justicia social como la precariedad laboral, y la dificultad para hallar puestos de trabajo.
¿Cómo se concretarán las soluciones a estos problemas?
— Hemos acordado celebrar una Conferencia de Presidentes a principios de septiembre para definir una hoja de ruta de las actuaciones del Govern con los presidentes de los cuatro consells en la que el Consell de Menorca desempeñará la voz de los ocho ayuntamientos de la isla.
¿Algún alcalde le ha entregado sus peticiones por escrito?
— Sí, el alcalde de Es Migjorn.
¿Revisará la puesta en marcha de la radioterapia en Menorca?
— He encargado al IB-Salut que estudie el contrato para Eivissa, donde el proceso está mucho más avanzado, para determinar si se puede retornar a un servicio público; el coste, posibles retrasos, etc. A partir del informe técnico también vamos a estudiar el caso de Menorca, que analizaremos con el Consell.
¿Hay que revisar las OSP interinsulares y Madrid-Menorca?
— Vamos a pedir en la comisión bilateral Govern-Gobierno de España que nos aporten todos los datos: económicos, frecuencias, pasajeros, etc. y a partir de aquí podremos, con la participación de los Consells, elaborar un diagnóstico y definir las mejoras en el transporte aéreo.
¿El 'caso Cesgarden' implica responsabilidades políticas?
— El Plan Territorial Insular es un magnífico instrumento de ordenación, un documento emblemático para Menorca, que cuenta con un paisaje único en el mundo. Y si no me equivoco, ésta fue la única sentencia que se perdió. No me gusta ver los vasos medio vacíos, sino de otra manera, más positiva, por lo que tendríamos que preguntarnos si no se hubiera aprobado el PTI cómo estaría Menorca, con el precio económico, social y de futuro que tendría para la isla. Creo que sería incalculable.
¿Reclamará el Govern las inversiones estatutarias?
— Esta semana ya hemos reclamado inversiones cuyo plazo ha terminado y que se encuentran en situación complicada. ¿Qué ha sucedido?, que el Govern Bauzá durante cuatro años ha sido incapaz de negociar estas nuevas inversiones para Balears que suman 1.300 millones de euros; que tampoco ha presentado los proyectos, lo que garantiza recibir los recursos del Gobierno de España, y encima no han negociado las obras ya aprobadas que contaban con recursos asignados, entre ellas s'Enclusa de Ferreries y el centro BIT en Alaior. No se ejecutaron las obras y el Govern tampoco transfirió las partidas al Consell. Hemos pedido a Madrid que prorrogue los plazos porque s'Enclusa caducó en febrero. Es una herencia envenenada que nos deja el anterior Govern.
¿Qué opina de las obras que se ejecutan en la carretera general?
— Es competencia del Consell, cuyo nuevo gobierno tiene claros los compromisos. Estoy convencida de que trabajará para conseguirlos, aunque en este caso también es una herencia envenenada. Me habría gustado que no se hubieran empezado las obras con este proyecto porque hay cosas que es muy difícil volverlas atrás; y la destrucción del paisaje y del territorio es una de ellas. Confío que el gobierno del Consell hallará las soluciones adecuadas, y el Govern estará para lo que necesite.
¿Comparte el rey Felipe VI que se debe mejorar la financiación autonómica de Balears?
— Por lealtad institucional no haré público lo que me comentó el jefe del Estado, pero agradezco al rey que haya celebrado esta ronda de encuentros con los nuevos presidentes de las comunidades autónomas, y lamento que el presidente del Gobierno, que tiene las competencias ejecutivas, no lo haya hecho. He pedido una reunión a Mariano Rajoy y aún no me ha contestado.
¿Cuál será su nivel de exigencia para mejorar la financiación?
— Queremos conseguir el máximo, llegar al límite porque nuestra función consiste en solucionar los problemas de los ciudadanos y para ello necesitamos recursos. No pretendo que nos traten mejor que a otras comunidades, pero tampoco que nos traten peor, como sucede ahora. Después de cuatro años de ir a Madrid a bajar la cabeza y no reivindicar absolutamente nada, ya hemos acudido a dos reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde la consellera de Hacienda votó en contra de la propuesta del Gobierno e hizo un duro discurso para explicar la situación de Balears.
¿Balears precisa más recursos?
— Claro. Somos una comunidad muy mal financiada, cuando corresponde al Govern garantizar la educación, la sanidad y los servicios sociales, los tres pilares fundamentales del Estado de bienestar. No aceptamos el déficit que nos impone el Gobierno de España porque no habrá más recortes ni más austeridad contra derechos de los ciudadanos.
¿No le resulta difícil, a diferencia de otros, emplear y pronunciar la palabra 'España'?
— Para nada; porque entra dentro de la normalidad; ningún problema en este aspecto.
¿Por qué no hubo acuerdo para el director general de IB3?
— Porque no conseguimos los dos tercios que marca la ley al no querer el PP participar en este acuerdo necesario. Lo importante es pensar qué modelo de televisión autonómica queremos y qué modelo podemos tener para Balears, y éste es el debate que mantienen ahora los grupos parlamentarios. La radiotelevisión pública nació mal, cuando debe garantizar el servicio público con una información veraz y plural, algo que no ha sucedido durante su historia. Debe normalizar la lengua propia, unir y crear comunidad autónoma, y ayudar al sector de producción audiovisual de Balears.
La primera Ley Agraria de Balears fue aprobada con el consenso del sector, pero ha anunciado que la modificará....
— Hemos previsto cambios puntuales por el desarrollo urbanístico en el campo, que consideramos no ayuda al payés ni al sector primario en general. Son modificaciones que plantearemos a los consells de Menorca y Eivissa, que tienen transferidas las competencias en Agricultura. Presentamos enmiendas en el Parlament que deberían haber sido incorporadas al proyecto.
¿Cómo impulsará la coordinación con los consells insulars?
— A través de la Conferencia de Presidentes, y al mismo tiempo cada conseller del Govern mantendrá reuniones sectoriales. No vamos a interferir en las competencias de los consells: los menorquines deben decidir su modelo territorial, sus carreteras y cómo quieren crecer. Pero también debemos ir coordinados. por lo que no aprobaremos una Ley del Suelo que vulnere las competencias de los consells, una Ley turística que sea urbanística y una Ley Agraria que cree problemas territoriales.
¿Será posible conseguir esta vez la tarifa plana universal de 30 euros?
— Creo firmemente en esta tarifa, que constituye un compromiso del nuevo Govern, donde esperamos contar con el apoyo de toda la sociedad menorquina. Depende, evidentemente, de la negociación del nuevo Régimen Especial y los acuerdos que alcancemos con el Ministerio de Fomento. Ya hemos pedido reunirnos con el Gobierno central, pero aún no nos han dado respuesta. Esta cuestión es una prioridad para todas las islas, en especial para Menorca. Para ello, queremos que a la Comisión Govern-Gobierno de España para el servicio público Menorca-Madrid se incorpore un representante del Consell de Menorca. Es importante que los consells participen en estas negociaciones.
¿Gestionará la creación de una residencia para pacientes de Menorca y Eivissa, y sus familiares, junto al hospital Son Espases de Mallorca?
— Este es uno de los temas que planteamos en el Acord de Governabilitat, un proyecto de legislatura, aunque a medio plazo está sometido a la situación presupuestaria que encontremos en la Comunitat Autónoma. Quiero remarcar que el nuevo Govern quiere evitar que los afectados adelanten el coste de los billetes, porque es el IBSalut quien lo asume directamente. Soy consciente de que es preciso acabar con este retraso y también hay que revisar las dietas que se pagan. Respecto a la estancia de los pacientes en Palma, contamos con los trece pisos que ya están operativos en la residencia Can Granada.
¿Ayudará el nuevo Govern al Consell a pagar la 'sentencia Cesgarden'?
— El Govern será aliado del Consell de Menorca para estudiar los problemas y hallar soluciones. El alcalde de Es Mercadal nos ha planteado otro caso similar, con una sentencia de Fornells. En Mallorca, en los casos de Ses Covetes y Llucalcari se firmaron acuerdos con los ayuntamientos para cumplir las sentencias. Quiero destacar que Menorca ha sido un emblema para Balears por su firme voluntad de protección del medio ambiente, el paisaje y el territorio. Quiero felicitar al Consell de Menorca que aprobó aquel Plan Territorial, premiado en España y fuera de España, que hizo posible el paisaje de la Reserva de la Biosfera y optar a la declaración de Menorca Talayótica.
¿Será posible alcanzar un acuerdo con los hoteleros para la ecotasa?
— Esta comunidad necesita recursos económicos para afrontar cuestiones básicas como alargar la temporada turística. Para Menorca es básico. Necesitamos invertir en cuestiones ambientales y en la remodelación de zonas turísticas maduras para ofrecer un mejor producto turístico. Esto exige recursos públicos y es posible que procedan de un impuesto turístico. El visitante debe saber que contribuye a lograr un destino turístico de calidad y con un valor añadido. Me alegra que el debate consista en cómo poner en marcha este impuesto, porque este es el debate positivo. El vicepresidente Biel Barceló se reúne con los agentes implicados para alcanzar el acuerdo necesario.