La ley 2/2014 de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, ha permitido la legalización de153 edificaciones en suelo rústico durante el año y medio de vigencia de esta norma. El presupuesto global de las mismas es 11.734.256 euros, según datos que arrojan los visados realizados en el Colegio de Arquitectos. En Mallorca han aflorado 895 construcciones rurales y en Eivissa, 431.
Por municipios, Ciutadella y Maó, con 39 y 34 respectivamente, encabezan los municipios con más proyectos de legalización, seguidos de Sant Lluís y Alaior, con 28 y 27. En el resto de municipios, el número de expedientes es más discreto; Es Mercadal, 9; Es Migjorn, 7; Es Castell, 6; Ferreries, 3.
Esta ley, conocida como 'amnistía Bauzá', contempla en su disposición transitoria décima el procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en suelo rústico, que ha de ser sustanciado por la persona interesada ante el ayuntamiento correspondiente. La legalización está sujeta al pago de las mismas tasas y mismos impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones y además deberá abonarse «una prestación económica».
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