Los partidos de izquierdas del Parlament han apoyado este martes la iniciativa del PI para modificar la Ley de Normalización Lingüística y recuperar la versión aprobada por consenso el año 1986 que reconoce el catalán como lengua propia de Balears. La toma en consideración de la modificación de esta ley ha sido aprobada, a pesar de que PP y Ciudadanos han votado en contra.
Los trámites que se han iniciado permitirán recuperar el articulado anterior a la modificación que llevó a cabo José Ramón Bauzá de forma «unilateral» y que, el artículo 14 de la ley de 1986 reza que «los topónimos de Balears tienen como única forma oficial la catalana». Con ello se abre la puerta a que la versión oficial del topónimo de Maó sea únicamente la catalana. En este sentido, el debate parlamentario sobre esta iniciativa del PI ha contado con la intervención de tres diputados menorquines, que no han perdido la ocasión para hacer referencia al único municipio que aprovechó el cambio introducido en 2012 para recuperar la versión castellana.
Así, la diputada socialista Elena Baquero ha hecho especial hincapié al artículo que afecta a la toponimia al considerar que «es bastante importante para los menorquines porque nos permitirá dejar de decir el disparate de Maó-Mahón cuando hablamos de Maó».
Por su parte el diputado de Més, Manel Martí, ha sido claro al indicar que la modificación de la Ley de Función Pública de Bauzá, a través de la que se modificaron otras leyes, entre ellas, la de Normalización Lingüística, «fue pensada únicamente para el caso de Maó». Recordó que el topónimo genuino es Maó aunque puntualizó que «si uno quiere puede utilizar Mahón, aunque no funcionaría como nombre oficial». Y ha lamentado que el PP avanzara en la modificación a pesar de tener a su contra a las autoridades lingüísticas.
El popular Juan Manuel Lafuente ha hecho mención al topónimo mahonés al recordar que «hasta el año 2005 el nombre oficial fue Mahón, y entonces gobernaba la izquierda y así lo mantuvo hasta 2005 a pesar de que desde el 1966 la ley ya obligaba a lo contrario» y ha agregado que «quien defiende el derecho a decidir de los pueblos prohibe poner al municipio el nombre que quiere». Y ha recordado que su norma no va en contra del nombre en catalán sino que permite quer los ayuntamientos que quieran puedan tener los dos nombres. Al igual que en la pasada legislatura, los populares defienden que el catalán sea un mérito y no un requisito para trabajar en la administración pública. Su voto contrario no es un «contra el consenso», advirtieron, y aseguraron que están dispuestos a hablar con el resto de formaciones sobre la Ley de Normalización Lingüística pero «sin confrontaciones».
El diputado del PI, Josep Melià, ha indicado que «la lengua es el alma de un pueblo» y abogó por recuperar la ley de 1986 «consensuada por todos los grupos parlamentarios que tenían representación». Ha manifestado que «la lengua es una cuestión de Estado que, desgraciadamente se rompió en la legislatura pasada», además de querer «transitar del autoodio al autorespecto.
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