El grupo popular ha presentado 444 enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2016, 40 de ellas específicamente menorquinas. Hay desacuerdo de forma, «es un gobierno heterodoxo formado para echar al PP, minoritario y falto de ideas, que hace políticas dirigidas a deshacer lo que dejó el ejecutivo anterior en vez de construir», declara Santi Tadeo. Y hay desacuerdo de fondo, particularmente en el terreno fiscal.
Impuestos. Antoni Camps habla de «presupuestos no creíbles, no ayudarán al crecimiento económico, frenarán el empleo, la recuperación y el consumo». Cuestiona sobre todo la política fiscal, «contienen una de las mayores subidas de impuestos de la historia de la Comunidad, además incluyen una triquiñuela para recargar el tramo autonómico del IRPF de 2015, se notará ya en la próxima declaración». Camps critica el impuesto turístico «porque no es finalista, se dedicará a gasto corriente, y perjudicará sobre todo a Menorca, mercado turístico más débil», afirma.
Ciutadella. Varias de las enmiendas tienen su foco en Ciutadella, donde se reclama la inversión de los 2,4 millones de los duques de alba, licitados y pendientes de adjudicación, la puesta en marcha de la desaladora y conexión con la red municipal de aguas y el pago del sobrecoste de las obras del Palau Saura de Ciutadella, 340.838 euros, según enumera Margaret Mercadal, quien además reclama el pago de la PAC a los agricultores, «siempre éramos la primera comunidad en pagar», lamenta. También se piden 500.000 euros más para el Pati de sa Lluna.
Gasto desbocado. Dos medias aplicadas por el anterior gobierno para evitar la «casi quiebra económica en que encontramos la Comundiad en 2011, como la ley de estabilidad presupuestaria y el control previo de los contratos laborales, se omiten ahora. Se vuelve a desbocar el gasto», señala Juan Manuel Lafuente, portavoz adjunto del grupo.
Centro de salud. Un nuevo centro sanitario en la zona centro, radiología en Dalt Sant Joan son algunas de las enmiendas en materia de Salud, «pero pedimos sobre todo la restitución del convenio con la Fundación Kovacs, lo reclaman los pacientes y además es un ahorro para IB-salut», apunta Sugrañes.