El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha acordado que sus diputados deberán renunciar a privilegios como las pensiones a exparlamentarios, la tarjeta de 3.000 euros para taxis o el pago de Internet en el domicilio a quienes se desplazan de fuera de Madrid.
En este paquete de renuncias, informa la formación de Pablo Iglesias, se incluye asimismo limitar tanto sus salarios como las indemnizaciones recibidas por alojamiento y manutención, que afectan a diputados como la menorquina Mae de la Concha, que ayer precisamente recogió su acta de diputada en el Congreso.
El Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección política de Podemos entre asambleas, se reunió en Madrid para analizar el actual momento político tras las elecciones del pasado 20 de diciembre y decidir conjuntamente las nuevas líneas de actuación.
Tras la intervención de su líder Pablo Iglesias, el Consejo debatió sobre las posibilidades que se abren para la constitución del Congreso y la investidura del presidente.
En concreto se habló y votó acerca del reglamento aplicable a los nuevos diputados electos, que se reunieron otra vez ayer en Madrid.
Sobre los privilegios a los que deberán renunciar, la dirección ha recordado la limitación salarial (3 salarios mínimos) que se aplica a todos sus cargos públicos; que se complementa con la obligación de limitar también el importe recibido en calidad de indemnización por gastos, que se fija en un máximo de 850 euros para alojamientos para los parlamentarios que residan fuera de Madrid y manutención para las jornadas con actividad parlamentaria.
También reducirán al mínimo posible las prestaciones incluidas en la póliza de seguro de accidentes que aceptarán.
Asimismo, los diputados deberán renunciar a las pensiones y otras prestaciones económicas para exparlamentarios, a la tarjeta de 3.000 euros para desplazamientos en taxi, a la remuneración de la línea de Internet que se ofrece a quienes vengan de otras provincias y deban disponer de un alojamiento en Madrid.
Con estas medidas, Podemos afirma que «continúa su empeño de construir unas instituciones cercanas a las condiciones de vida de la ciudadanía, y que no sirvan para la consolidación de privilegios».