El Consorcio insular para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico no puede resolver desde septiembre ninguno de los expedientes por obras ilegales que ha incoado. Ese mes se marchó el asesor jurídico al Ayuntamiento de Maó y, desde entonces, no ha podido cubrir su baja, por lo que carece de personal alguno habilitado para informar las presuntas irregularidades denunciadas.
Y lo peor del caso, advierte el conseller responsable del ente, Santiago Florit, es que no puede tirar de ninguna bolsa de trabajo y debe esperar «dos o tres meses» a que se resuelva el concurso para cubrir la plaza, que convocará próximamente. «Sin nadie que informe, la tramitación no puede seguir su curso», lamenta. Aunque, eso sí, se mantiene la labor inspectora y -según dice- no han dejado de abrirse expedientes.
Claro que el conseller no se conforma con recuperar el asesor jurídico, sino que también quiere reactivar «la correcta tramitación y resolución de los expedientes», para lo que considera «crucial» volver a contar con un gerente. La plaza saldrá a concurso «en mayo o junio» aunque, según sus previsiones, no podrá ser cubierta de un modo efectivo hasta septiembre, después del verano.
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