El Govern suspende dos hoteles de lujo e impide los campos de golf

El Govern balear aprobó este martes el anunciado decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística, que hoy entrará en vigor y que, en la práctica, invalida parcialmente la Norma Territorial Transitoria (NTT) de Menorca al dejar sin efecto «los aspectos más urbanizadores» de las leyes del suelo, turística y agraria aprobadas en el mandato anterior por el Ejecutivo Bauzá.

La extensa disposición, de 22 páginas y que mañana será presentada en la Isla, pone fin a la amnistía de construcciones ilegales en el campo que desde 2014 ha permitido legalizar 196 viviendas en Menorca y cierra la puerta a la construcción de campos de golf o grandes equipamientos en rústico, como el parque acuático de Biniancolla, el único proyecto de envergadura -junto al hotel de Torralbenc- que se ha beneficiado en la Isla de la ya extinta Ley General Turística.

El acuerdo, que impide asimismo convertir faros e instalaciones militares en hoteles, suspende también los dos únicos proyectos que venía tramitando el Consell al amparo de la Ley Turística. Se trata de los dos hoteles flotantes, de 180 camas cada uno, que la cadena francesa Mare & Terra -la misma que impulsó y gestiona el hotel de Can Faustino en Ciutadella- promovía en los terrenos de la antigua batería militar de Llucalari (Alaior), adquiridos a tal efecto en diciembre de 2012.

Según el Consell, otras ocho grandes infraestructuras que se gestaron a lo largo de la legislatura y buscaron también el favor de las leyes del PP para ser aprobadas sin interés general, como los hoteles con oferta complementaria y de golf promovidos por Fastfor y el grupo Zannier, nunca llegaron realmente a tramitarse.

El medio centenar de artículos suspendidos total o parcialmente por el nuevo decreto ley «reconducen la discrecionalidad, permisividad y arbitrariedad» de la normativa anterior para prohibir nuevos campos de golf y de polo, así como otros grandes equipamientos deportivos, culturales y recreativos, aunque vayan asociados a un alojamiento hotelero.

En todos los casos, a partir de ahora será obligatoria la declaración de interés general y los cambios de uso entre establecimientos turísticos y residenciales se dejan en manos de los planeamientos municipales, lo que permite al Consell y los ayuntamientos recuperar el poder de decisión que las leyes Bauzá conferían en exclusiva al Govern.

Todas estas medidas tendrán vigencia hasta diciembre de 2017, ya que se espera disponer en un plazo de dos años de las nuevas leyes que sustituirán a las ahora invalidadas.

El decreto deja igualmente sin efecto la normativa autonómica que permitió al anterior gobierno del PP en el Consell suspender la aplicación del PTI y aprobar la Norma Territorial. Pero ahora el decreto invalida muchos de los artículos de la Norma, lo que llevará al nuevo gobierno tripartito del Consell a «estudiar y valorar si la derogamos. Aunque la prioridad -remarcó la presidenta Maite Salord- es llevar a cabo la revisión del PTI, que vamos a compartir desde ya con todas las entidades y colectivos».

Los únicos proyectos en trámite que el decreto permite que sigan adelante son los de reforma, ampliación y modernización hotelera que ya habían sido presentados ante la administración. Se contabilizan 91 en Mallorca y solo unos pocos en Menorca, donde la patronal hotelera Ashome insistió «en pos de la seguridad jurídica para que no quedaran en el limbo. Y si no hay más -apuntó la gerente Azucena Jiménez- es por la incertidumbre creada desde septiembre» por el reiterado anuncio del decreto ley que iba a modificar las leyes entonces en vigor.

Eso sí, se limita la ampliación en los nuevos proyectos, que solo podrán superar hasta en un 20 por ciento la superficie ya existente del hotel en cuestión, cuando en la actualidad se permitía el 40. Tampoco podrán edificarse nuevas plantas.