Francesc Marquès, anunció que presentará el escrito en un par de días, alegando que «en la querella no se relata ningún hecho que pueda demostrar que la diputada socialista cometió un delito de tráfico de influencias y que jamás ha tenido competencias en materia de urbanismo». Marquès considera que este tipo de querellas se utilizan para obtener rédito político y que su único objetivo es «poder decir que una persona está imputada o investigada, pero sin que haya una relación de hechos penales punibles».
Sin embargo, reconoce que es difícil que el juez rectifique su propia resolución. La intención es mostrar desde el primer momento su rechazo a las acusaciones. En caso de que el recurso no prospere, apelará.
La diputada socialista no tiene intención de reivindicar su carácter de aforada, lo que le permitiría declarar directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Así pues, será el juzgado de instrucción quien se haga cargo de la primera fase del procedimiento, aunque no tiene potestad para aplicar medidas cautelares. El alto tribunal intervendrá en una fase posterior, cuando ya se hayan llevado a cabo las declaraciones y haya indicios de delito. Será entonces el encargado de acabar de instruir el caso.
CITACIÓN
Baquero y Moll acudieron al juzgado para ser notificados oficialmente de la admisión a trámite de la querella presentada por el edil del PP, Ramón Verdú. El origen de la causa son unas obras en unos apartamentos de Sant Tomas propiedad del marido de la parlamentaria y número dos del partido en Menorca.