El viernes entra en vigor el impuesto sobre estancias turísticas, que deberán pagar todos aquellos establecimientos y viviendas que se comercialicen turísticamente. Solo podrán librarse los alojamientos contratados a través de la ley de arrendamientos urbanos, que permite periodos inferiores a dos meses, aunque ese extremo ha de poder acreditarse ante la agencia tributaria balear.
El reglamento definitivo de la ecotasa, publicado el jueves 23 después de haber sido informado por el Consell Consultiu, señala que por establecimiento sujeto al impuesto ha de entenderse aquel que se comercialice turísticamente, que ofrece servicios propios de una empresa de alojamiento o que se promocione por medio de canales de comercialización.
El impuesto nace, por tanto, con vocación universal, llegar a todos los que hacen negocio con el alquiler turístico, pero el Govern -y sobre todo el Consell- es consciente de que existe una gran bolsa de viviendas que se ofrecen como estancias turísticas que no están registradas como tales y que muchas de ellas no pueden darse de alta con la actual reglamentación. «La situación real supera la normativa, somos conscientes, no fiscalizaremos antes de regular el problema», reconoció Susana Mora, consellera de Ordenación Territorial y Turística.
El Consell, competente en la materia, cuenta de hecho con dos inspectoras y reforzará el servicio con dos contrataciones más este verano para las tareas ordinarias, no vinculadas de forma especial al seguimiento de la oferta ilegal o causas relacionadas con el nuevo tributo. El Consell, al contrario de lo que se ha anunciado en Mallorca y en Eivissa, no realizará una campaña específica.
Los empresarios plantearon en la reunión celebrada este martes con Mora, la consellera balear de Hacienda y la directora de la Agencia Tributaria de les Illes Balears, el temor latente de que cumplir con la ATIB implique ser denunciados ante Turismo, si su establecimiento no ha sido antes regularizado.
La consellera de Hacienda señaló que quien realice actividad turística «y no pague el impuesto está incumpliendo una ley, es un fraude», afirmó Catalina Cladera. La Agencia tributaria cruzará datos para perseguirlo.
Los empresarios intentaron resolver las dudas sobre la gestión y tributación de la ecotasa, que será cómoda si pueden acogerse a la estimación objetiva y más compleja si han de hacerlo, como buena parte de la planta de alojamiento menorquina, por estimación directa.
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