Hoteleros y empresarios turísticos negocian con los touroperadores para que estos asuman el pago del impuesto turístico. A pesar de que los contratos estaban firmados y cerrados en precio la temporada pasada, aducen que la ecotasa se ha implantado con posterioridad y que lo que grava es la estancia de los usuarios del hotel, apartamento o vivienda vacacional.
Javier Pons de Marco, de Villa Plus confirmaba ayer la respuesta positiva que ha obtenido del touroperador británico con el que trabaja, «es buen producto, se valora mucho en ese mercado y han entendido que han de asumir el pago de la ecotasa», explica.
Ginés Noguera, empresario también de las viviendas vacacionales puntualiza la actitud receptiva de los touroperadores, «no tienen elección, es una imposición, cada cual está negociando lo que puede», asegura reiterando su oposición a un impuesto «que además nos causa más gasto».
La negociación del pago a cargo del touroperador y la tributación a través del sistema de módulos reducirá el coste de gestión, ya que podrán evitar el trabajo de checking en la recepción de los turistas.
Los hoteleros, que se han enfrentado a contratos cerrados para esta temporada, con precios firmados el año pasado que no contemplaban el nuevo impuesto, han realizado la misma operación con los grandes intermediarios turísticos. La solución es, en casi todos los casos, cobrar la ecotasa al cliente final que es, por otra parte, a quien va dirigida, lo que está suponiendo una desagradable sorpresa para muchas familias, puesto que después de haber pagado sus vacaciones han de abonar un suplemento de unos 30 euros -cálculo sobre cuatro personas, siete días en establecimiento de tres estrellas, 1 euro por cliente y día más un 10 por ciento de IVA-.
La Agencia tributaria balear ha precisado que los trece inspectores con que cuenta para combatir el fraude extenderán su control sobre el nuevo impuesto mediante el cruce de datos con la Conselleria de Turismo. Uno de los objetivos implícitos es que aflore la oferta ilegal, que en Menorca equivale al cincuenta por ciento del total, según ha denunciado reiteradamente Ashome.
Sin embargo, el cruce de datos entre las dos consellerias es precisamente la mayor reticencia de muchos particulares a darse de alta en la Agencia tributaria para pagar al impuesto dado que el alquiler no está regularizado ni puede legalizarse con la normativa actual, «nadie nos asegura que el cruce de datos no vaya en sentido inverso, de Hacienda a Turismo, y eso nos cueste una sanción», explica una voz experta del sector, del que se desprende un auténtico clamor para que la Administración legalice las plazas. «Si soy legal para pagar por qué no soy legal para alquilar», resume.