No es una crítica de oficio, asegura Antoni Camps, «sino contrastada con los números de los presupuestos». La cantidad global destinada a las áreas sociales -educación, salud, servicios sociales, trabajo, cultura y deportes- representa el 69,15 por ciento sobre el total del gasto, excluido el no financiero. «Tienen más dinero para gastar pero disminuye el porcentaje, es la paradoja del tópico, resulta que el PP gastaba más en las áreas sensibles», explica. Según sus datos, el gasto en dichas materias fue del 70,14 por ciento en los presupuestos del 2016, los primeros del actual Govern, y del 73,49 en 2015, los últimos del Ejecutivo Bauzá.
El diputado popular entiende que son unos presupuestos inflados, incluyen una partida de 120 millones para carreteras derivados del protocolo de intenciones firmado con el ministro Montoro, «pero que no se ha materializado en convenio alguno, además se plantea sobre la previsión de crecimiento más optimista, el 3,7 por ciento», agrega.
Nuevas tasas
Desmiente asimismo la bondad del trato fiscal, «se mantiene la de este año y se crean cuatro nuevas tasas» en referencia a la licencia por actividades de espeleología en espacios de relevancia ambiental, otra por la prestación del servicio de inspección ambiental, una tercera derivada por la declaración de abandono de vehículos, barcas y otros elementos en la zona de servicios de puertos de gestión indirecta y otra por la prestación del servicio de inspección y control en pasaje y equipaje.
Camps, que defenderá las enmiendas parciales y una a la totalidad, cuestiona también la reducción del dinero previsto a promoción turística, «es obvio que que no se hará la transferencia, nadie la quiere con una dotación tan ridícula», denuncia.