El Ministerio de Medio Ambiente confirmó ayer que ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional para reclamarle al Govern los 20 millones de euros del rescate que pagó a la empresa concesionaria de la desaladora de Ciutadella ante el retraso en su puesta en marcha, una medida judicial que, aseguran desde el Gobierno, está «avalada por la Abogacía del Estado», y era «una posibilidad que se recogía en el acta firmada» entre los gobiernos central y balear.
La decisión de llevar a la vía judicial la reclamación que ya había hecho el pasado 26 de octubre (y que incluye otros 23 millones correspondientes a la desaladora de Eivissa) fue comunicada a través de una llamada telefónica, según explicó la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, quien lamentó que «quieran resolverlo judicialmente en vez de negociar, esa es la sensación que nos deja».
Garau explicó que desde el Govern se sigue «dando una oportunidad a la negociación» y que «por nuestra parte todavía vemos opciones», más aún teniendo en cuenta que, como volvió a defender, «se había alcanzado un compromiso político con el Gobierno».
En esa misma línea, la portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, aseguró que el Govern está sorprendido por el recurso judicial del Gobierno ya que después de la reunión que mantuvieron con el secretario de Estado de Administraciones Territoriales las dos partes apostaron por «un mayor diálogo», declaraciones que recogió Europa Press y en las que Costa explicó que «se comprometieron a poner en marcha la comisión mixta precisamente para intentar llegar a algún tipo de acuerdo». La portavoz defendió que el Govern aceptó recepcionar las desaladoras «en un momento de sequía extrema y para poner en marcha cuanto antes la interconexión, imprescindible para que el agua llegue a todos los puntos».
Por otra parte, Més per Menorca, criticó ayer «el cinismo del PP», al que acusó de querer hacer calar en la opinión pública la idea de que la reclamación es culpa del actual Govern. Desde Més per Menorca acusan al PP de ser los responsables de la situación generada por «un proyecto mal planificado y mal gestionado». Ahora el Gobierno reclama 20 millones, «pero no pagan los 2.700 millones de euros de inversiones estatutarias», denunciaron.
La firma del acuerdo por el que el Govern recepcionó la desaladora.l FOTO ARCHIVO