Que un entierro cuesta un buen dinero a los familiares del difunto es sabido, pero si el fallecimiento se produce en el hospital de referencia de Balears, Son Espases, los menorquines y los residentes en Eivissa o Formentera deben añadir además el coste de trasladar el cuerpo desde Mallorca a la isla de la que son originarios. Este coste extra puede superar en algunos casos los 4.000 euros, según denunció ayer la diputada del PP, la ibicenca Tania Marí, durante una intervención en el pleno del Parlament. Marí preguntó si el Govern ha creado ya un fondo específico para asumir el coste de los traslados de los fallecidos en Mallorca hasta Menorca y las Pitiusas, como se aprobó por unanimidad en mayo de 2016 en la Comisión de Salud a iniciativa del PP.
La respuesta es no. La consellera Patricia Gómez explicó, en respuesta a la diputada popular, que «no se puede crear un fondo específico desde la Conselleria de Salud» y lo que se está haciendo para cumplir el mandato parlamentario y el decreto que regula las compensaciones a los usuarios del sistema público de salud, es que el Govern asume el gasto de traslado del difunto «solo en los casos en los que no hay seguro» y el pago se realiza «con posterioridad» al traslado.
En esta situación se encontraron en 2016 tres familias, «afortunadamente son pocos casos», señaló la consellera de Salud, quien añadió que se está estudiando «la fórmula para que los usuarios no tengan que adelantar el pago» pero todavía ese sistema no se ha encontrado. En cuanto a esos tres fallecidos que tuvieron que ser trasladados a Menorca el año pasado, el dinero del transporte del difunto «se está pagando», afirmó Gómez, sin especificar si las familias han cobrado ya del IB-Salut.
Del número reducido de situaciones de este tipo que se dio en 2016 se deduce que la mayoría de personas cuenta con un seguro de decesos que cubre el traslado del cadáver si el fallecimiento se produce fuera de su área de salud; y en el caso de no ser así, es ineludible el pago de traer al familiar fallecido desde una isla a otra, lo que puede poner en aprietos a los hogares en situación económica más precaria.
La consellera de Salud aseguró que la Administración pública no tiene la responsabilidad ni puede asumir el coste del traslado de todas las personas difuntas «para eso están las aseguradoras» y añadió que «estamos trabajando para evitar que el usuario adelante ese dinero».