El Consell no quiere sorpresas ni retrasos lesivos con el caso Princesa Son Bou. Tiene hasta el 31 de diciembre de 2019 para diseñar una solución urbanística que abra la puerta a evitar una indemnización de 3,3 millones de euros, más intereses, a la promotora, según la providencia dictada hace dos meses por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma. La solución pasa por adecuar el Plan General de Ordenación Urbana de Alaior de tal modo que encaje en él el futuro plan parcial que acomode sus expectativas.
El PGOU de Alaior está en proceso de revisión y el proceso será largo. Por este motivo, el Ayuntamiento y el Consell han alcanzado un acuerdo según el cual la institución insular se subroga la competencia, porque así lo permite la legislación autonómica actual, para adaptar al PTI esta parte concreta del plan general de un modo más veloz. Cuando lo tenga listo, esta modificación se incorporará al PGOU vigente para dar cumplimiento a la providencia judicial. El acuerdo debía ser aprobado este jueves por la noche por el pleno de Alaior. «Queremos asegurar que se cumple con lo que plantea el juez, sin ninguna posibilidad de riesgo», explicó ayer la consellera de la materia, Susana Mora.
Una vez el planeamiento urbanístico esté adaptado, al menos en este aspecto, corresponderá a las promotoras implicadas en el desarrollo de la zona (Edivissa, Melià y Princesa Son Bou, además de Cesgarden que ya ha sido indemnizada) elaborar el plan parcial previo a cualquier actuación.