«Toda la vida se ha fondeado en Sanitja y siempre se ha coexistido con la posidonia, desde los tiempos de los romanos». Con estas palabras, la diputada del PP en el Parlament Margaret Mercadal arremetió este martes contra el decreto para la protección de la posidonia aprobado por el Govern.
Esta norma declara zonas de alto valor las praderas de posidonia de Sanitja, Addaia y Cala sa Torreta en Menorca, por lo que se prohíbe allí el fondeo de embarcaciones incluso mediante el uso de las conocidas como boyas ecológicas, las que funcionan en la Illa d'en Colom o Fornells.
La diputada menorquina, que exigió una rectificación del decreto al conseller Vicenç Vidal, lamentó que ante una decisión de tanto calado «el Govern no se haya reunido con el sector náutico», desde clubes hasta asociaciones de navegantes o charters. Un encuentro que, según indicó Margaret Mercadal, estos empresarios reclaman desde el año 2015.
«Si el objetivo principal es acabar con todo el sector porque le molestan las barcas cuando va a la playa, lo reconozca, porque este decreto tiene la intención de crear un impuesto al mar», explicó Mercadal, quien dijo que a partir de ahora «solo se podrá fondear en sitios donde haya boyas, eso sí, previo pago a la administración, a eso se le llama privatizar el mar». A su juicio, supone una «incoherencia» prohibir el fondeo con boyas en zonas de alto valor y a la vez fijar una moratoria de cinco años a la administración para que presente proyectos de adecuación de los emisarios submarinos.
La respuesta del Govern
En respuesta, el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal aseguró que las medidas que se toman en la normativa son necesarias para proteger la posidonia por su valor «clave» para el litoral y la captación de CO2 y defendió que el proceso hasta llegar a la presentación ha sido «participativo».
«Ustedes no están acostumbrados a dialogar, simplemente pasaban a rodillo. No están acostumbrados a que un decreto tenga un procedimiento participativo», comentó Vidal.