Después de dar dos meses de plazo a los propietarios sobre los que pesa una orden firme de demolición por haber llevado a cabo obras ilegales en suelo rústico, el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico va a empezar a remitir a los infractores las notificaciones en que se les indica la imposición de multas «coercitivas», con cantidades que pueden llegar a alcanzar el 120 por ciento del coste de las obras, si no restituyen la situación original de los terrenos, una medida de carácter disuasorio.