La Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) reaccionó ayer con un enfado mayúsculo a la decisión del Govern de congelar la ecotasa fuera de los meses de la estricta temporada oficial. La patronal menorquina calificó de «insulto» que el Ejecutivo autonómico «no tenga en cuenta la realidad de la temporada en Menorca» y defendió que la medida se debía haber extendido a mayo y octubre, dos meses en que consideran que la actividad turística está lejos de alcanzar los niveles de Mallorca y Eivissa.
Para la patronal menorquina, que siempre se ha mostrado contraria a aplicar un gravamen a las estancias turísticas, el Govern ha denotado «un nulo sentido de la oportunidad», al considerar que duplicar el llamado Impuesto de Turismo Sostenible en los meses de mayo y octubre va en contra de las gestiones que se están realizando para cubrir el vacío de Monarch, reclamando que las compañías que se presten no tengan que pagar las tasas aeroportuarias: «Para tener coherencia deberían eliminar la ecotasa en invierno», aseguraron.
En ese contexto –y cuando tanto desde el Consell de Menorca, como desde el sector turístico se está tratando de impulsar la llegada de turistas en los extremos de la temporada– desde Ashome se considera «un despropósito injustificado» que el Govern duplique la tasa que los turistas pagarán en esos meses, en voz de la gerente de la patronal, Azucena Jiménez.
Las críticas de la asociación hotelera se extendieron al reparto del impuesto turístico recientemente aprobado y que supone para Menorca una inversión de nueve millones de euros entre los proyectos del Govern, el Consell y los ayuntamientos.
Desde la patronal hotelera aseguraron que «no decimos que los proyectos no sean necesarios, pero entendemos que su urgencia no justifica que se duplique el impuesto». En ese sentido recordaron que muchos de ellos implican inversiones por fases y que la distribución del dinero parece responder a «un reparto político, que haya un poco para todos, sin pensar en las necesidades del destino».
Financiación
Desde Ashome defienden que la ecotasa «hace perder interés a las administraciones en la búsqueda de otras fuentes de financiación» y ponen como ejemplo el proyecto Smart Island, que, consideran, debería haber seguido optando a la financiación estatal del programa Red.es.