El GOB de Menorca ha iniciado una campaña de micro mecenazgo para sufragar los gastos judiciales derivados del contencioso administrativo que interpuso contra el proyecto de reforma de la carretera general.
En concreto, la organización ecologista ha indicado que debe pagar 9.075 euros este año, que es la cantidad definida por el juzgado a abonar. Según explica, en el proceso judicial el Consell pagó más de 56.000 euros en la contratación de dos abogados y un procurador, mientras que el GOB pagó menos de 8.000. Sin embargo, después que los ecologistas fueran condenados a pagar las costas judiciales, solicitaron la revisión y finalmente el importe final se fijó en 9.075 euros. Para ello, el juez consideró que no era necesario que el Consell hubiera contratado un procurador, porque podían asumirlo los servicios jurídicos de la propia institución, y que en lugar de dos abogados bastaba uno.
«Todos los intentos de diálogo que se hicieron durante la pasada legislatura para intentar que el equipo de gobierno del 'popular' Santiago Tadeo reconsiderase el proyecto de la carretera general fueron infructuosos», ha señalado el GOB en un comunicado.
En esta línea, los ecologistas decidieron apostar por intentar frenar la obra por la vía judicial. Así, el GOB interpuso un contencioso administrativo pidiendo en primer lugar la paralización cautelar de las obras, pero la petición fue desestimada y la organización debía pagar los gastos judiciales de las dos partes.
«El proceso judicial no avanzó mucho más porque se fijó el valor de continuar el pliego en el mismo importe de las obras, es decir, superior a los 10 millones de euros, lo que hacía imposible asumir tasas y otros gastos proporcionales a una organización no gubernamental», han señalado. «Frente a una barrera económica infranqueable, el contencioso se retiró», han añadido.
El resultado de las elecciones de mayo de 2015 configuró un nuevo gobierno insular de izquierdas que ha permitido iniciar un proceso de reconversión del proyecto de la carretera.
Sin embargo, el cambio en la composición del Consell no evita la obligación de ejecutar la sentencia judicial y, por este motivo, el GOB ha solicitado la colaboración ciudadana con el objetivo de que «minimizar que esta carga pueda frenar otras iniciativas de conservación de la Isla que se llevan a cabo».
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