El Consell pondrá el foco esta temporada en el control del alquiler turístico ilegal con una campaña específica de inspecciones que puede derivar en sanciones de hasta 40.000 euros para los propietarios de viviendas sin licencia y de 400.000 euros en el caso de las plataformas de comercialización que alberguen anuncios sin el correspondiente número de registro.
De ese modo pondrá fin a la especie de plazo de gracia que ha concedido a particulares y a empresas desde que entró en vigor la regulación del alquiler vacacional, el pasado mes de agosto, al entender que primero debía aprobarse la llamada zonificación, el mapa de las zonas de la Isla donde se podrá destinar una vivienda al alquiler turístico.
La directora insular de Ordenación Turística, Elena Costa, explicó ayer, no obstante, que esa campaña de inspecciones no arrancará sin que antes se haya desarrollado una intensa campaña informativa, en las que también se informará a las plataformas como Airbnb del riesgo de sanción por seguir dando cabida en su página a oferta manifiestamente ilegal.
«Es una ley compleja y ha habido un poco de confusión», explicaba ayer Costa para argumentar su decisión de impulsar primero una campaña informativa, como la que en temporadas anteriores han llevado a cabo en otros sectores como el de la restauración y el del turismo activo. Argumenta que el objetivo de no empezar la acción inspectora de oficio hasta aprobar la zonificación es que primero estén claras las reglas del juego.
Sin esperar a que sea aprobada la zonificación, el Govern, competente de la ordenación turística de Mallorca, sí que abrió expediente a Airbnb por incumplir la Ley Turística y publicitar viviendas sin licencia de actividad turística. La Conselleria de Turismo anunció ayer que la sanción propuesta es de 300.000 euros. La plataforma ve, no obstante, como la misma práctica en Menorca le está saliendo gratis hasta la fecha.