La siembra de la duda en torno a la solvencia de Quesería Ibérica ha crecido entre los trabajadores accionistas de Quesería Menorquina y ahora mismo la mayoría votaría no a la integración de ambas, según la operación firmada en octubre y bloqueada desde febrero. Diversas fuentes consultadas entre el colectivo de trabajadores coinciden en la tensión vivida en las últimas semanas, palpable en la asamblea del sábado, y la división que se ha producido.
Es difícil establecer cifras pero las mismas fuentes reconocían ayer que en torno a dos terceras partes preferiría dar marcha atrás al acuerdo, «aunque la verdad es que también hemos perdido la confianza en los directivos», señalaban como resumen de las contradicciones vividas en los últimos meses.
Otro trabajador expresa sus recelos contra la entrada de Adolfo Pérez con el 75 por ciento del capital, «hubiera preferido una entrega más pausada, un 25 por ciento anual en tres años». Con larga experiencia en la empresa y habiendo vivido todos los avatares de las últimas décadas desde la venta a Kraft hasta el crac deNueva Rumasa, aventura que no habrá desbloqueo ni nuevas decisiones hasta la reincorporación a la fábrica después de parón de la semana posterior a Pascua. Entonces es probable que se convoque una Junta de Accionistas en la que se plantee la situación.
Ley de Industria
El comité de empresa reconoce ese estado de división entre la plantilla y, en particular, entre los accionistas, que son los que tienen capacidad de decidir. Sin embargo, mantiene su apoyo a la operación con Ibérica «porque está firmada y porque esa repentina desconfianza no se ha demostrado», explica la secretaria del mismo, Margot Sastre, «a cambio, hay un proyecto, la necesidad de la integración expresada desde aquí y una carta de la Junta de Castilla y León que avala la operación firmada».
El comité de empresa invoca el artículo 29 de la nueva ley balear de Industria para pedir el compromiso del Govern como garante de la operación, «tiene recursos, empresas y vías para hacerlo», agrega en referencia a las siete medidas de ayuda que enumera el citado artículo, entre ellas las subvenciones a fondo perdido y la participación en el capital de las empresas. «No son precisamente industrias lo que sobra al tejido productivo de las Islas», comenta.