Poco o casi nada se aclaró este martes en el Parlament sobre lo que supondrá para el Consell de Menorca la regularización de los anticipos financieros o bestretes que, según los cálculos del Govern, suponen dejar de ingresar 8,5 millones de euros y devolver otros 8 millones al Ejecutivo balear.
Este martes en la sesión parlamentaria el diputado del PP, Antoni Camps, preguntó a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, si piensa derogar o cambiar la Ley de Financiación de 2014 y acusó al gobierno de izquierdas de «cargar un nuevo Cesgarden» de 16,5 millones «sobre las espaldas de los menorquines» con la propuesta de liquidación realizada por Hacienda.
Cladera dijo que la Conselleria siempre ha actuado «de la mano» con los consells, «con lealtad institucional» y no descartó que se puedan alcanzar acuerdos sobre los anticipos financieros pero sin especificar cuáles. Más bien se centró en acusar al PP, cuando gobernaba el Consell, de «mirar para otro lado como siempre» cuando se diseñó y aprobó la ley que ahora ha generado esta situación.
Para Camps las polémicas bestretes fueron «un experimento del señor Carles Manera, una chapuza contable creada por un gobierno de izquierdas y que ahora este gobierno de izquierdas tendrá que resolver».