Muchos procesos de exclusión social se inician a partir de dificultades relacionadas con la vivienda y la ausencia de las funciones integradoras que genera el hecho de tener un hogar. La vivienda está en crisis. Cada vez es más complicado encontrar casa a causa de los elevados precios en comparación con las condiciones laborales. A ello hay que añadir el reducido stock de vivienda residencial -en muchos casos provocado por el boom del alquiler turístico- y las pocas políticas en cuestión de vivienda, lo que obliga a que la única vía de acceso sea el mercado.
Menorca no vive ajena a esta realidad. Y así lo demuestra el análisis elaborado por el Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam) y encargado por el Consell. Desvela que cerca de 600 personas viven en riesgo o en situación de exclusión residencial, ya sean personas sin techo, sin hogar, que residen en una vivienda insegura o en una casa que no cumple los estándares mínimos de habitabilidad. La «Diagnosi inicial de l?exclusió residencial a Menorca» contabiliza (tras un recuento realizado a mediados de 2016) 28 personas que residen en espacios públicos, a la intemperie. Son los ?sin techo?. Otras 171 no tienen hogar y viven en albergues o casas de acogida, lo que representa el 28,6 por ciento del cómputo total de personas en situación de precariedad residencial.
Algo más de 300 personas residen en una vivienda insegura, es decir, bajo la amenaza del desahucio ya sea en régimen de alquiler o en propiedad, en casa de un familiar o amigo de forma temporal, en un subarrendamiento irregular o en una ocupación de tierras ilegal. Representan la mitad de las personas que padecen una situación de exclusión residencial. Finalmente, hay otras 61 personas (un diez por ciento del total) que subsisten en edificios inadecuados para vivir, o en situación de hacinamiento.