El equipo de gobierno del Consell quiere llegar a mayo con los puentes de L'Argentina y Rafal Rubí demolidos. El objetivo se enfrenta, sin embargo, al tempus que marca la Administración en materia de contratación de obras de cierta complejidad y presupuestos millonarios.
Lo confirma la presidenta Susana Mora. Invoca el pacto de gobierno, que establece el «no a los puentes» y matiza «solo si es posible». La viabilidad de esa voluntad política, que no ha sufrido alteraciones, está subordinada al cumplimiento de los plazos para las distintas fases del proceso.
En el mejor de los casos, el supuesto más optimista, se podría llegar a abril con las obras contratadas, aunque la propia Administración nos ha acostumbrado más a demorar las previsiones que a sorprender con el cumplimiento de los plazos.
El primer paso, el informe que ha de definir la viabilidad técnica, jurídica y económica, debe darse hoy, a tenor del plazo de un mes aprobado por el Consell en el pleno de septiembre. El responsable de Movilidad, Miquel Preto, dijo el lunes que estaría disponible en unos días. Las prisas del gobierno no siempre coinciden con la rutina y deberes o posibilidades de los funcionarios.
Informe clave
Este documento es clave puesto que de él depende que la opción del derribo salga adelante. Si la conclusión es favorable, el despacho contratado para la redacción del proyecto tendrá que incorporar la solución técnica de la rotonda en superficie u otra que no incluya en su propuesta la estructura elevada.
Hace meses que trabaja en la tarea y que esta, según palabras de Preto, está prácticamente lista y a expensas de la decisión política sobre los puentes. Esa decisión ya está tomada y, por tanto, disponer del proyecto es cuestión de semanas, de modo que manteniendo la hipótesis más optimista podría recibir la bendición política y ser aprobado en la Comisión de Gobierno del Consell el mes que viene.
Antes de sacar a subasta las obras, el proyecto ha de pasar la obligatoria exposición pública y deben resolverse cuantas alegaciones se presenten. El PP ya ha anunciado que lo va a recurrir todo, aunque mientras se mantengan en el plano administrativo no retrasarían los plazos.
Simultáneamente, se ha de elaborar el pliego de condiciones económicas y técnicas y los correspondientes informes jurídicos para la contratación. El trámite, aparentemente engorroso, cuenta con modelos y precedentes próximos que facilitarán y agilizarán su aprobación. No ostante, esta documentación ha necesitado hasta dos meses para ser completada en proyectos licitados con anterioridad.
La actividad institucional se relaja durante las navidades, por lo que en el mejor de los casos, la licitación podría llevarse a cabo en enero. La envergadura del proyecto exige un periodo mínimo de un mes para la presentación de ofertas y la selección de la ganadora es probable que necesite un mes como mínimo en cumplimiento de los plazos para corregir o completar la documentación presentada a instancias de la mesa de contratación.
Realizada la resolución, es probable el recurso de alguna de las ofertas descartadas. Pero si todo lo enumerado no entorpece más las fases del proceso, en abril se llegaría en condiciones para la firma del contrato de obras con todos los informes favorables.
Cualquier retraso tiraría por la borda no los puentes sino los planes del Consell. Es probable, por otra parte, que la proximidad electoral incida sobre la oportunidad de ponerse manos a la obra en un proyecto identificado con la polémica. En todo caso, volverá a influir en las elecciones.
Vaya vergüenza de políticos que no hacen nada porque trabajar en que trabajan? Y con el dinero de los ciudadanos. Otra vergüenza es, que en Menorca tengamos 7 ayuntamientos y un consell. Yo alucino. Os podéis imaginar la cantidad de dinero que supone esto? Trabajamos para políticos que no nos ayudan en nada. Al contrario.