Los plazos para que los ayuntamientos ejecutaran las inversiones sostenibles, financiadas por el Consell con el remanente de 2016, eran muy apurados. Las obras se licitaron antes del verano y tenían que estar acabadas y certificadas a finales de 2018, debido a las exigencias de Hacienda. Pese estos plazos limitados, el 81 por ciento de las inversiones se pudieron ejecutar antes de acabar el año.
«Somos conscientes que estaban sometidas a unos plazos muy cortos y apurados, y que incluso ha habido cierta contestación social porque la gente no entendía porque se tenían que hacer en estos plazos», aseguró la presidenta del Consell, Susana Mora, durante la exposición del balance de estas inversiones. La presidenta se congratuló, no obstante, que «gracias a que todos hemos trabajado a una, una gran parte de los proyectos se hayan podido ejecutar».
Mora recordó que los proyectos eran para mejorar la eficiencia en el consumo del agua, en energía y en los residuos, mientras que la consellera de Servicios Generales, Cristina Gómez destacó que el objetivo de estas inversiones es que «al final se acaben pagando ellas solas», gracias al ahorro que supondrán a las arcas públicas estas mejoras.