Todos los edificios de la Isla con una antigüedad superior a los 30 años deben pasar una inspección. Según los datos de la Dirección General del Catastro, son en torno a 45.600 los inmuebles cuyos propietarios están obligados a contratar a un técnico competente para que haga esta revisión del estado de conservación y presentar luego ante su ayuntamiento el denominado informe de evaluación de edificios para que conste en su registro (que luego se remitirá al Govern y pasará a formar parte del registro balear). No se contabilizan en este cálculo los inmuebles de Ciutadella con más de 50 años de antigüedad, puesto que la mayoría ya pasa la inspección. Estos 45.600 inmuebles representan el 54 por ciento del total de inmuebles que están registrados en el Catastro.
Hasta el momento, este documento era solo obligatorio para los edificios que cumplían el medio siglo y cuando estuvieran ubicados en Maó o Ciutadella, es decir, en municipios de más de 25.000 habitantes. Pero el Govern modificó la normativa ampliando el número de inmuebles que deben pasar esta inspección técnica.