Álvaro Pérez García, con 48 años y una minusvalía reconocida del 93 por ciento, no puede moverse por su casa. Las barreras arquitectónicas existentes en el pequeño apartamento cuyo alquiler puede pagar con su pensión convierten el mero hecho de atravesar un pasillo y llegar al baño en una odisea en la que arriesga, diariamente, su integridad física. También psicológicamente acusa el golpe que supone para su dignidad como persona el tener que arrastrarse, literalmente, para entrar en la vivienda o meterse en la bañera. Su llamada es desesperada para que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Lluís (reside en la urbanización de S'Algar) o el Instituto Balear de la Vivienda (está inscrito en su bolsa a la espera de piso) le ayuden a buscar una casa sin escaleras, ni en el acceso ni el interior, y con un plato de ducha.
Este hombre, con una pierna amputada y movilidad prácticamente nula en hombro y brazo izquierdos a raíz de un accidente de tráfico, ha querido hacer público su caso ante la falta de alternativas.
«Tengo una prótesis pero no la puedo llevar puesta las 24 horas», explica. Álvaro se mudó a Menorca desde Mallorca a finales de 2014. Después de residir por un breve periodo de tiempo en Es Castell, recaló en S'Algar. «Entonces me defendía más pero ahora ya no puedo». Sus problemas de movilidad han aumentado con el tiempo. Confiesa en esta entrevista que tiene pensamientos negativos, suicidas o en torno a la eutanasia, sobre todo a raíz del caso reciente de María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple a la que su marido ayudó a morir.
Su cara solo refleja cierto alivio cuando se le pregunta por su perrita Estrella, que muy atenta sigue su lucha para dejarse caer de la silla de ruedas a los escalones de entrada a su casa y de ahí, utilizando como ayuda viejas sillas de oficina con ruedas, moverse por la casa. Dos escalones que conducen por un pasillo al cuarto de baño son un calvario para él, obstáculos enormes. Su higiene requiere una maniobra peligrosa para acercarse a la bañera e introducirse en ella; no hay plato de ducha, fundamental para una persona con una discapacidad como la suya. «Cuando salgo mojado es peor», la superficie resbaladiza de la bañera ya hizo que un día se golpease con el grifo y se quedara inconsciente, explica.
Álvaro dispone de una trabajadora social dos días a la semana durante una hora. Básicamente ayuda en la limpieza. La compra la realiza por internet y sus vecinos le hacen recados como ir a sacarle dinero o recargar el móvil. «Es una persona que se hace querer mucho», comenta Ana, una de esas vecinas que hoy va a ir al cajero por él.
Álvaro ha empezado a ir a rehabilitación en el hospital, le recoge una ambulancia, pero necesita una silla de ruedas nueva y no puede pagarla por adelantado con su pensión: son 719 euros y 300 se van en alquiler. Tampoco ha tenido ayuda en eso, se queja. Como no puede entrar la silla por los escalones de entrada al apartamento, ésta se queda fuera en la calle y está deteriorada, llena de óxido. No entiende por qué le dicen «que me busque yo la casa y la silla».
La concejala de Asuntos Sociales de Sant Lluís, Teresa Martínez, conoce la dura situación de Álvaro. Asegura que los Servicios Sociales le buscaron una casa en el pueblo hace dos años pero no quiso mudarse, algo que el afectado niega tajante, «eso no es cierto, la hubiera cogido, si me han estado buscando casa mis vecinos», alega. Martínez asegura que la renovación de la silla es competencia del IB-Salut pero que el área social intenta mediar para resolverla.