La organización ecologista GOB cree que se debe revisar minuciosamente el expediente del parque acuático de Biniancolla para «poder averiguar qué compromisos asumió el promotor en la prometida desestacionalización, que entonces no se ha dado», y también analizar «si tiene sentido iniciar algún proceso penal por las escandalosas decisiones que se tomaron». Así ha reaccionado la entidad en su web tras hacerse público el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en el que ratifica la nulidad de la declaración de interés general concedida al acuapark de Sant Lluís, que abrió sus puertas en mayo de 2015.
También el partido Més per Menorca recordó en un comunicado que el PSM ya denunció en su día que la construcción del parque acuático en suelo rústico era «un caso claro de urbanismo a la carta», al tiempo que llamó la atención sobre la existencia de informes internos desfavorables a esta obra, por amenazar la fauna y flora locales, alterar el paisaje y no contribuir a la desestacionalización turística.
Por su parte los ecologistas hacen historia del proyecto, cuya autorización consideran que fue un escándalo y que «como era de esperar, acabó en los tribunales». El GOB recuerda que se presentaron alegaciones y miles de firmas en contra del proyecto ahora en el punto de mira, «pero los gobernantes de aquel momento solo escucharon al promotor».