La residencia para personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta, que debía haber entrado en funcionamiento este año en Trepucó, según anunciaron Govern y Consell en noviembre de 2017, se vuelve a retrasar. Aún no hay fecha para que se ponga en marcha ya que, tal y como confirmó ayer la consellera de Bienestar Social, Bàrbara Torrent, se ha optado por revisar el proyecto arquitectónico para ampliar el edificio existente. Se trata de las antiguas casas de Bintaufa, que años atrás acogieron los talleres de Asinpros y ahora están en desuso desde que la actividad de dicha asociación se trasladara al centro ocupacional Carlos Mir.
El proyecto de esta residencia, que tendrá 9 plazas y evitará a personas con trastornos de conducta estar ingresadas en centros fuera de Menorca, lejos de sus familias, lo presentó inicialmente el gobierno del PP en el Consell en el mandato 2011-2015. Con posterioridad fue asumido por el gobierno del pacto de izquierdas y el Consorcio de Recursos Sociosanitarios. La propia consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, recorrió las instalaciones junto con la presidenta del Consell, Susana Mora, hace dos años. Desde entonces no ha habido más avances.
Torrent reconoció que no se pondrá en marcha en 2019 y que probablemente los cambios elevarán el coste de la obra, que se había presupuestado en 480.000 euros. De acuerdo con el convenio firmado en 2017 el Consell debía pagar 320.000 euros y el Govern los 160.000 euros restantes. «Queremos que todas las habitaciones sean individuales y dotar al edificio de más servicios», explicó ayer la consellera, «como cocina, una sala de visitas, otra de relajación y despachos y espacios para el personal». Todo ello quedaba «muy comprimido» con el diseño original de la residencia, por lo que se optó por modificar el proyecto para ofrecer «más calidad».
El inmueble tiene 480 metros cuadrados y dispone de un patio central; las obras de reforma se comprometieron a cargo del Consorcio de Recursos Sociosanitarios.
Ayudas a estancias terapéuticas
Algunos afectados por trastornos de conducta y enfermedades mentales se ven obligados a recibir tratamiento fuera de Menorca e incluso de Balears al no contar con recursos asistenciales en las Islas. El Consell dispone de una línea de a yudas económicas para estancias en centros terapéuticos o residencias fuera de Menorca, así como subvenciones para los desplazamientos de usuarios y familiares. Una de estas beneficiarias es Margarita Coll, a través de los servicios sociales de su municipio, Es Migjorn Gran. Esta madre denunció el pasado abril la falta de recursos económicos para pagar el centro en Barcelona en el que está ingresado su hijo, diagnosticado con trastorno del espectro autista. En la actualidad Margarita Coll ha logrado que servicios sociales le subvencione el 75 por ciento de la cuota mensual del centro (3.900 euros), que también se reduce otro 30 % por su condición de viuda.