La Audiencia Nacional dictó en septiembre de 2018 una providencia con un medida cautelar para evitar el desahucio de Trapsa de los amarres del Moll de Llevant. Ahora la Sala primera de lo Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por Gabriel Fiol Gomila, ha levantado esa medida cautelar, lo que permite a Puertos ejecutar la orden de desalojo y preparar la convocatoria de un nuevo concurso. El fallo del Tribunal Superior de Justicia se dictó el pasado lunes y este jueves el presidente de Autoridad Portuaria, Joan Gual, se mostraba muy satisfecho porque se podrá por fin abrir una nueva etapa en los amarres más polémicos, los que dieron origen al caso Mar Blau y cuya pérdida ha sido un problema económico que ha arrastrado el Club Marítimo Mahón en los últimos años.
Puertos exigirá el desahucio
Joan Gual de Torrella declaró este jueves a este diario que «o bien Trapsa deja la gestión de los amarres por iniciativa propia o se reiterará la orden de desalojo para recuperarlos». El siguiente paso será la convocatoria de un concurso para una nueva adjudicación al amparo de la nueva Ley de Puertos, que reconoce el papel social y de promoción del deporte de los clubes náuticos, lo que da una oportunidad al Marítimo Mahón para hacerse con la concesión y recuperar su principal fuente de ingresos. El Club se la juega con este concurso, ya que ahora solo cuenta con una concesión temporal de la zona del varadero d'en Reynés y la gasolinera, cuya actividad deberá compartir en un futuro próximo con una segunda estación de combustible, que se abrirá en el varadero del Cós Nou. Mientras se tramita el nuevo concurso del Moll de Llevant, Puertos deberá realizar una adjudicación temporal.
Trapsa tenía concesión hasta 2023. Hace dos años, APB acordó el fin de la misma por incumplimiento del contrato.