El Govern ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Maó advirtiendo de que el nombre oficial del municipio, Maó-Mahón, no se adapta a la Ley de Normalización Lingüística y reclamándole que proceda a su modificación para eliminar la fórmula bilingüe que se aprobó definitivamente en 2013, durante el mandato del PP, y regresar a la forma única en catalán, como desde el año 2015 vuelve a exigir la normativa de impulso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma.
La advertencia impele al equipo de gobierno de PSOE y Ara Maó a volver a poner sobre la mesa un asunto controvertido que ya se empezó a abordar sin éxito al inicio del pasado mandato. De hecho el expediente de adaptación a la normativa lingüística que incluye el cambio de topónimo de la ciudad está abierto desde el año 2016, aunque desde entonces nunca se ha llegado a resolver.
El alcalde de la ciudad, el socialista Héctor Pons, reconoce que «estamos incumpliendo la ley» y subraya que «somos de los únicos municipios de España que tiene un nombre bilingüe», aunque sostiene que hay asuntos más urgentes y que no quiere que «sea un tema de división, hay que ser responsables».
Su partido se opuso frontalmente al cambio de nombre de la ciudad impulsado por el PP y ha prometido en diversas ocasiones revertir esa decisión, pero no da plazos para llevar a cabo una medida que sin duda generará polémica y que, recuerda, «tampoco se llevó a cabo en los cuatro años anteriores», durante el mandato de Conxa Juanola (Ara Maó).
Por su parte, Juanola, hoy primera teniente de alcalde y de 2015 a 2019 alcaldesa de la ciudad, dejó claro que «hay que cumplir con la Ley de Normalización Lingüística, es un asunto que se tiene que abordar más pronto que tarde» y aseguró que es un tema sobre el que «no hay discrepancias» dentro del equipo de gobierno, aunque reconoció que «no está en el bloque de necesidades que afectan a las personas».
Interpelada por el hecho de que durante sus cuatro años al frente del Consistorio no se llevara a cabo la modificación prometida, Juanola explicó que se hizo una consulta al Consell Consultiu, pero que no logró resolver las «discrepancias técnicas» al respecto en el seno del gobierno bipartito. También defendió que en su momento se centraron en otras necesidades acuciantes como las del área socia